Durante el primer semestre del año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside el doctor Raúl Plascencia Villanueva, registró cuatro mil 803 expedientes de queja, un promedio mensual de 800.
Los principales hechos violatorios presentados del 1 de enero al 30 de junio de 2013, fueron: prestar indebidamente el servicio público (mil 158 quejas); faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones (861); omitir proporcionar atención médica (721) y detención arbitraria (688).
Trato cruel, inhumano o degradante (590); omitir fundar el acto de autoridad (378); omitir motivar el acto de autoridad (355); obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad a que se tiene derecho (318); omitir dar respuesta a la petición formulada por cualquier persona en ejercicio de su derecho (303).
Negligencia médica (273); incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo (267); prestar indebidamente el servicio de educación (263), y omitir prestar el servicio en materia de electricidad (238).
La Comisión Nacional, durante 23 años de trabajo, ha registrado un total de 151 mil 436 expedientes de presuntas violaciones a derechos humanos. En el primer semestre de 2013, este Organismo público autónomo emitió 26 Recomendaciones, dirigidas a 33 autoridades; siete de ellas fueron para la Comisión Nacional de Seguridad; igual número para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Hubo dos Recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional; dos a la Secretaría de Marina, dos al gobierno de Sinaloa; igual número al gobierno de Veracruz; una al Instituto Nacional de Antropología e Historia; a la Procuraduría General de la República; gobierno del estado de Guerrero. También recibieron una Recomendación, el gobierno del estado de Sonora; Congreso de Sonora; gobierno del estado de Chiapas; gobierno del Estado de México; gobierno del estado de Morelos; gobierno del estado de San Luis Potosí; gobierno del estado Colima, e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México