El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas garantizará, a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que este año se atienda especialmente a los servicios públicos fundamentales -educación, sanidad y servicios sociales- en el ámbito del pago a proveedores.
Esta era una de las recomendaciones que en marzo realizó la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, preocupada por la viabilidad de los servicios asistenciales básicos que ofrecen ayuntamientos y comunidades autónomas.
En su opinión, el cierre de este tipo de empresas y organizaciones dejaría desatendidos a los usuarios, con el consiguiente «riesgo de una quiebra del sistema social de protección de consecuencias imprevisibles».
A través de las quejas recibidas y de la información requerida por el Defensor del Pueblo a las administraciones implicadas, se había constatado que la morosidad de las administraciones públicas está teniendo un fuerte impacto en la atención social, agravado por la especial vulnerabilidad de los beneficiarios de estos servicios.
Para evitarlo, la Institución propuso que los instrumentos financieros puestos en marcha por el Gobierno para facilitar la liquidez y disminuir la morosidad de las administraciones públicas favoreciesen el pago de los compromisos adquiridos en el ámbito social.
En concreto, se solicitó al Gobierno que impulsara medidas para que se primasen los pagos de las deudas contraídas por las administraciones con proveedores y prestatarios de servicios sociales. Y para ello, sugería que se utilizasen el FLA, el Plan de Pago a Proveedores, la Línea ICO Comunidades Autónomas u otros instrumentos financieros semejantes.
Ahora, y según ha informado Hacienda a la oficina del Defensor del Pueblo, el programa que regula la aplicación del FLA permitirá que las administraciones puedan financiarse para poder afrontar los compromisos asumidos con conciertos sanitarios, educativos y de servicios sociales, así como convenios con farmacias.
Además, también se han incluido como financiables a cargo del FLA las transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro o ayudas directas a familias concedidas para el desarrollo de actividades vinculadas con la Ley de Dependencia.
Por otra parte, la Defensora también había propuesto congelar las deudas con Hacienda y a la Seguridad Social de las empresas y organizaciones que presten servicio a los más desfavorecidos, como menores, mayores o personas con discapacidad hasta que las administraciones no les paguen.
En este sentido, el Gobierno introducirá a partir del año que viene un nuevo régimen especial en el IVA que permitirá acompasar el ingreso del impuesto y su cobro efectivo. De carácter voluntario, a dicho régimen podrán acogerse las pequeñas y medianas empresas con un volumen de negocio inferior a los dos millones de euros.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de España