La Adjunta para el Medio Ambiente y los Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, manifestó hoy que las Asociaciones de Fondo Contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT) vienen incumplimiento sus contratos, negándose a entregar beneficios, exigiendo requisitos no establecidos en la ley, así como demorando el pago de las deudas a los establecimientos de salud, en mayor medida que las empresas aseguradoras.
Así lo sostuvo la funcionaria durante la presentación del Informe Defensorial Nº 159 denominado «Balance del seguro obligatorio de accidentes de tránsito: propuestas para una atención adecuada a las víctimas», el cual revela que las Afocat vienen cometiendo constantemente serias infracciones y vulnerando los derechos de las víctimas de accidentes de tránsito; por lo cual han recibido mayor cantidad de sanciones que las cinco empresas aseguradoras que operan en el país.
Sobre el particular, Abanto señaló que, de enero del 2008 a setiembre del 2012, la Defensoría del Pueblo ha recibido 149 quejas contra estas empresas, de las cuales 128 (83%) son contra las AFOCAT y 21 contra las aseguradoras. Los principales motivos de las quejas son por la demora en el pago de beneficios a las víctimas de los accidentes y la exigencia de requisitos no contemplados en las normas, todo lo cual vulnera los derechos de las víctimas de accidentes de tránsito».
Añadió que de la investigación realizada, se concluye que urge revisar el tarifario Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2003 aprobado por el Ministerio de Salud a fin de asegurar una completa recuperación de las víctimas. Al respecto, la funcionaria indicó que: «no se explica por qué el costo referencial de hospitalización en cuidados intensivos por día para una persona cubierta por el SOAT o el CAT (Certificado de Accidentes de Tránsito que dan las AFOCAT) es de S/. 320.00 nuevos soles, mientras que por el mismo servicio a un paciente que ingresa de forma particular se le cobra S/. 50.00 nuevos soles.
Esto significa que estar cubierto por el SOAT o el CAT significa pagar un exceso de 540%.
Agregó que, a marzo del presente año, tanto las aseguradoras como AFOCAT adeudan a los hospitales nacionales 1 903 180.26 nuevos soles, de los cuales el 67% le corresponde pagar a las AFOCAT. Entre los nosocomios a los que se les adeudan montos se encuentran el María Auxiliadora, Daniel Alcides Carrión, Sergio Bernales, Carlos Lanfranco La Hoz de Puente Piedra y el Dos de Mayo.
Por otro lado, señaló que es importante hacer algunas modificaciones a la normativa que regula los seguros contra accidentes de tránsito, como la inclusión del beneficiario de la indemnización por muerte a él o la conviviente de la víctima que fallece a causa de un accidente de tránsito, de manera similar a lo establecido en la regulación de Ecuador y Colombia.
Asimismo, Abanto refirió que analizar y tomar acciones destinadas a un mejor funcionamiento de los seguros contra accidentes de tránsito, responde a que a diario se producen 230 accidentes de tránsito, los cuales provocan 135 heridos y 10 muertos. «Sólo en el 2011 se produjeron más de 84 mil accidentes con un total de 49 620 heridos y 3 490 fallecidos y las zonas de mayor incidencia son Lima, Arequipa, La Libertad y Cajamarca», subrayó.
Señaló, además, que el país requiere de una política de seguridad vial con especial incidencia en la cultura vial, más aún si tenemos en cuenta que el 70% de los accidentes tienen como causa la conducta del conductor.
Detalló que en el 2011 el 32.25% de los accidentes se debió al exceso de velocidad, el 27.42% a la imprudencia del conductor y el 10.43% a la ebriedad del conductor. En tanto la imprudencia del peatón significó el 7.58% de las causas.
Finalmente, pidió al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) coordinar para que en el marco del convenio de cooperación interinstitucional con la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), se instalen módulos de atención en cada una de las regiones en donde el Indecopi cuenta con alguna oficina, a fin de fiscalizar a las empresas aseguradoras y las Afocat que operan en las regiones.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú