Con ocasión de la V Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, presentó un Anteproyecto de Ley que propone la creación de una Autoridad Nacional en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El funcionario señaló que «La ley de transparencia, publicada hace 10 años, significó un avance sustantivo en la superación de la cultura del secreto. No obstante ello, para superar los problemas advertidos en su aplicación se requiere fortalecer sus mecanismos de garantía».
La propuesta, que contó con el apoyo del Banco Mundial, advierte que los problemas que dan origen a los incumplimientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no están siendo solucionados.
A modo de ejemplo, Vega indicó que, en los últimos cuatro años, la Defensoría del Pueblo ha recibido alrededor de 5 mil 600 quejas de la población, en las cuales se verificó el incumplimiento del plazo de entrega, el establecimiento de cobros arbitrarios, la negación injustificada al acceso a la información pública, entre otros.
De la misma manera señaló que, en los últimos tres años, el promedio de cumplimiento de la obligación de difundir información pública a través de los portales de transparencia, ha fluctuado entre el 60% y el 80% en el caso de los gobiernos regionales; mientras que en las municipalidades provinciales, ha variado apenas entre el 40% y el 60%.
En tal sentido, Vega Luna recalcó que esta situación perjudica seriamente el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y afirmó que una Autoridad Nacional Autónoma, con recursos, atribuciones suficientes y estrategias definidas, hará frente a los problemas señalados.
Sostuvo que sus principales facultades serían el establecimiento de criterios vinculantes, la resolución de controversias a nivel administrativo y la fiscalización del cumplimiento de las normas de transparencia y acceso a la información pública. Además de la difusión de estas, así como sus mecanismos de protección entre la población y la capacitación continua y especializada de los funcionarios públicos.
«Crear una Autoridad Nacional Autónoma no significa crear más burocracia sino, principalmente, crear un mecanismo eficiente que fortalece el sistema democrático y que beneficia directamente a la ciudadanía, facilitando el ejercicio efectivo de sus derechos», finalizó.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú