El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, presentó esta mañana los resultados del Reporte 2012 de la Primera Supervisión a los Portales de Transparencia Estándar, efectuada a los ministerios del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y a las municipalidades ubicadas en capitales de departamento. Esta supervisión muestra que, pese a los avances a nivel nacional, aún existen metas que cumplir para fortalecer la transparencia en la gestión pública.
Al respecto, el funcionario indicó que los 19 ministerios supervisados alcanzaron, en promedio, un nivel general de cumplimiento de 74%, constituyéndose en el nivel de gobierno con el mejor resultado obtenido. Asimismo, los gobiernos regionales reportaron un nivel de cumplimiento del 65% en promedio, en tanto que las municipalidades provinciales obtuvieron el más bajo nivel general de cumplimiento, con solo 49%.
«La supervisión da cuenta de la necesidad de que, a diez años de la publicación de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, se continúe fortaleciendo la vigencia de este derecho para prevenir la corrupción, afianzar la legitimidad de las instituciones públicas y, en suma, para establecer entre el Estado y la ciudadanía, una relación de confianza, de respeto a las normas», explicó el representante de la Defensoría del Pueblo.
Más adelante, la Jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, Mónica Callirgos, precisó que a nivel del Poder Ejecutivo, el mejor nivel de cumplimiento fue alcanzado por el Ministerio de Economía y Finanzas con 97%, seguido por el Ministerio del Ambiente con 92% y el Ministerio de Educación con 84%. Por el contrario, los más bajos niveles de cumplimiento los registraron los Ministerios de Defensa, con 55%; Justicia y Derechos Humanos, con 53% y Cultura, con 39%. También señaló que la Presidencia del Consejo de Ministros alcanzó 76% de nivel general de cumplimiento.
A nivel regional, el más alto nivel general de cumplimiento fue obtenido por los Gobiernos Regionales de Tacna, Huancavelica y San Martín, cada uno con 90%. Los más bajos niveles de cumplimiento correspondieron a La Libertad con 40%, Ucayali con 36% y Apurímac con 33%.
En el caso de las municipalidades provinciales, la funcionaria refirió que Huamanga y la Municipalidad Metropolitana de Lima registraron el mayor nivel de cumplimiento (95%), seguidas de Tacna (81%), Huancayo y Piura (74% respectivamente). Contrariamente, los niveles más bajos de cumplimiento correspondieron a las Municipalidades Provinciales de Cusco (12%), Cajamarca (17%), Abancay (21%), Chachapoyas e Ica (29% respectivamente). Asimismo, mencionó que la Municipalidad Provincial de Tambopata no tiene operativo su PTE.
Por otro lado, puntualizó que la Información Presupuestal fue la más difundida por los tres niveles de gobierno. Por su parte, el rubro menos difundido por los ministerios y los gobiernos regionales fue el de Planeamiento y Organización, así como el de Información de Contrataciones; mientras que, a nivel de las municipalidades provinciales supervisadas, el rubro menos difundido fue el de Participación Ciudadana.
La Defensoría del Pueblo exhortó a los ministerios, a los gobiernos regionales y a las municipalidades provinciales en capitales de departamento a mantener sus respectivos portales de transparencia estándar con información completa y actualizada, empleando formatos amigables que faciliten el acceso a la información a los ciudadanos y ciudadanas.
De igual manera, sugirió optimizar el uso de los portales de transparencia para publicar información sobre los servicios de salud, educación, transportes, entre otros. Asimismo, recordó la importancia de mantener operativos los enlaces de comunicación con el público, a fin de fortalecer la relación entre las entidades públicas y la población; así como para promover la participación y vigilancia ciudadana.
Finalmente, informó que la Defensoría del Pueblo continuará supervisando semestralmente los portales de transparencia estándar de los tres niveles de gobierno, en el marco de su rol de colaborador crítico con la administración estatal.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú