Las malas prácticas van contra los derechos de las personas y restan credibilidad a las instituciones.
La prevención y erradicación de la corrupción es responsabilidad de todos, indicó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por lo que en el marco del día internacional para combatir esta práctica, hizo un llamado al sector público y privado, para comprometerse a hacer lo que a cada uno corresponde, y establecer medidas enérgicas que propicien una cultura de transparencia y apego a la legalidad.
Para la consolidación de un estado de derecho, sostuvo el Organismo, se debe acabar y combatir la corrupción en todos los ámbitos y aspectos, ya que las malas prácticas van en detrimento de los derechos fundamentales de las personas, dañan el erario y dan lugar a la pérdida de credibilidad en las instituciones.
En el Pronunciamiento 16 de este año denominado “Corrupción: amenaza para el Desarrollo”, el Ombudsman mexiquense, Marco Antonio Morales Gómez, indicó que es deber de toda la sociedad prevenir la corrupción, a través de aplicar principios como la eficiencia y la transparencia, por ello las instituciones públicas, los responsables de los medios de comunicación y la sociedad en general deben promover acciones específicas ante esta situación.
Mencionó la necesidad de establecer en los ordenamientos legales e institucionales, normas de conducta para el cumplimiento de la función pública; fomentar la participación ciudadana, de organizaciones no gubernamentales y el sector privado en la prevención y combate a la corrupción; así como sensibilizar a la opinión pública sobre las causas y gravedad de este problema social y la amenaza que significa.
Morales Gómez admitió que para combatir el problema, se requiere un enfoque multidisciplinario, pero sobre todo, que haya un compromiso por parte de todos los sectores de la sociedad, para impulsar valores fundamentales como la honestidad, el respeto del estado de derecho y la obligación de rendir cuentas, que ayuden al desarrollo de nuestro estado.
Precisó que los funcionarios y empleados en la administración gubernamental, se deben conducir con responsabilidad y probidad en sus funciones, de lo contrario, se harán acreedores a sanciones, porque con esta actitud se daña a las instituciones.
FUENTE: Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México