La Procuraduría de los Derechos Humanos, presentó este día a la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso local, una propuesta de Reforma al Código Penal para el Estado de Guanajuato; así como un proyecto de iniciativa de Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas para el Estado de Guanajuato.
El Ombudsman, Gustavo Rodríguez Junquera, entregó ambos documentos a Diputados integrantes de esta Legislatura.
La propuesta de iniciativa que reforma al Código Penal para el Estado de Guanajuato y un Proyecto de Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas para el Estado de Guanajuato, tienen por objeto:
• La prevención de la trata de personas, el apoyo, protección, atención y asistencia a sus víctimas en el Estado de Guanajuato.
• La prevención contra cualquier forma de explotación.
• Fomentar el estudio, investigación y diagnóstico del delito de Trata de Personas.
• Promover para las víctimas protección médica, psicológica y jurídica necesaria, gratuita, especializada, interdisciplinaria, integral y expedita, así como la defensa del ejercicio de sus derechos.
• Fomentar formas de participación ciudadana en las políticas, programas y acciones institucionales.
• Definir las responsabilidades de las autoridades vinculadas con la prevención y sanción de la Trata de Personas.
El proyecto de iniciativa, considera involucrar de manera directa, como “sujetos obligados” al titular del Poder Ejecutivo, a la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como al Sistema Estatal de Seguridad Pública, a la Secretaría estatal Seguridad Pública y otras secretarías como Turismo, Trabajo y Previsión Social, Educación, Salud, al igual que al DIF y a los 46 municipios de Guanajuato.
Contempla además, la creación de una Comisión Interinstitucional, que sea la encargada de coordinar las acciones entre los órganos que integran la Administración Pública para prevenir, erradicar la trata de personas y garantizar la protección y atención de las víctimas.
Los principios rectores enmarcados en la propuesta de Ley, tienen que ver con el respeto a la dignidad humana; a la libertad y la autonomía; a la equidad; el acceso a la justicia pronta y expedita; a la protección, seguridad y apoyo de la víctima; a la perspectiva de género, al interés superior de niños, niñas y adolescentes; así como a la corresponsabilidad que garantiza la participación y responsabilidad de la familia, órganos locales de gobierno y sociedad en general en la atención de víctimas o posibles víctimas de las conductas materia de esta Ley.
Exposición de Motivos
La Trata de Personas es una conducta grave que atenta contra los derechos humanos, en la que frecuentemente participa la delincuencia organizada y que vulnera la dignidad de sus víctimas; este fenómeno considerado una “forma moderna de esclavitud”, afecta a familias y comunidades enteras, lastima la cohesión social y, sobre todo, fractura la condición de humanidad de quienes sufren este crimen.
Fue hasta el año de 2007, cuando Guanajuato incluyó en la legislación penal el delito de trata de personas, y a la fecha, encontramos que no es un delito recurrente aún y cuando las cifras negras dicen lo contrario y señalan que esta actividad va en aumento.
La trata abarca diversas formas de explotación y a diversos sectores sociales. En México el crecimiento del fenómeno de la trata de personas ha sido cada vez más visibilizado; sin embargo el fortalecimiento de las redes del crimen organizado, y el lento avance sobre el marco jurídico para la sanción de este delito hacen que el problema despunte en la agenda de pendientes de la defensa de los derechos humanos.
La trata de personas es una agresión a la humanidad que ninguna sociedad debe aceptar y ante la cual ninguna persona debe ser indiferente.
Por ello se le reconoce a la trata de personas como un fenómeno internacional, un problema social y un delito, cuyos conceptos han evolucionado de tal modo que en el año 2000 se le reconoció como un delito doloso cuyo tipo penal fue construido con fines de aplicación mundial en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mejor conocido como el Protocolo de Palermo.
Reformas al Código Penal
Por otra parte, la propuesta de modificación del Código Penal para el Estado de Guanajuato, sobre la trata de personas, consiste en eliminar el fin de lucro en la intención de extraer órganos, tejidos o componentes; es decir, se sustituye el término extirpar por extracción por parecernos más adecuado y se agrega el concepto de la intencionalidad, en virtud de que la materialización de dicha conducta se encuentra regulada por la Ley General de Salud.
Además, se crea un capítulo V dentro del título segundo del libro segundo, para trasladar el delito de trata de personas de su actual ubicación, ya que de acuerdo al bien jurídico tutelado, éste debe encontrarse en los delitos contra la libertad y seguridad de las personas.
Asimismo, se traslada el actual artículo 240-a alusivo al tipo penal de lenocinio a la figura típica de trata de personas, para regularse en el numeral 179-b de la presente propuesta, toda vez que consideramos que la conducta que ahí se describe constituye en realidad una forma agravada de trata de personas y no de lenocinio como actualmente se regula, con el consecuente aumento de la penalidad; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de Personas, especialmente mujeres, niñas y niños, en su artículo 3 inciso c, establece que:
“La captación, el transporte, el traslado, la acogida, o la recepción de un niño con fines de explotación se considera ‘trata de personas’ incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo”
Todo lo anterior, exaltó la iniciativa de volver a revisar el tipo penal de trata de personas para hacerlo congruente con la realidad social.
FUENTE: PDHEG. Guanajuato, México.