La Federación Nacional de Empleados Públicos (FENASEP) solicitó a la Defensoría del Pueblo sea mediadora entre ellos y el Gobierno nacional ante la solicitud del pago de las partidas atrasadas del XVIII correspondiente a los años 1989 – 1991.
La FENASEP entregó a la Defensoría del Pueblo una carta para que se entregada al presidente Ricardo Martinelli, dónde plasman sus aspiraciones al pago de las bonificaciones atrasadas y el respeto a la estabilidad laboral de los funcionarios públicos.
De acuerdo al vocero de esta agrupación Alfredo Berrocal el pago de esta deuda millonaria traería beneficios a unos 100 mil ex funcionarios y los familiares de aquellos que ya han fallecido a nivel nacional.
Así mismo, denunció que continúan los despidos en algunas entidades gubernamentales a pesar de que en algunos casos los afectados están amparados por alguna ley especial, como lo son los de la ley 42 que ampara a las personas con discapacidad y ley 59 que protege a los funcionarios con enfermedades crónicas, involutivas y degenerativas.
“El pago de estas partidas atrasadas del XVIII ya está contemplado en una Ley, nosotros queremos con esto recordarle al mandatario la deuda que tiene el Estado con los servidores”, puntualizó Berrocal.
Por su parte, el Secretario General de la Defensoría del Pueblo, Carlos Vásquez manifestó que se pondrá en conocimiento a las autoridades gubernamentales de las aspiraciones de la dirigencias de la FENASEP.
Igualmente, recordó que la Defensoría ya ha actuado con éxito en los casos de destituciones injustificadas en funcionarios amparados por la ley 59 y quienes habían sido cesados de sus puestos sin una causa justificable.
De acuerdo a las estadísticas que se manejan en la Defensoría del Pueblo se han presentado ante esta entidad 472 quejas por destituciones en el período comprendido de julio de 2009 al 17 de diciembre de 2010.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Panamá