El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Dr. Jorge Victoria Maldonado, participó en el lanzamiento de la «Cruzada nacional para erradicar la violencia en la comunidad educativa» y propuso seis medidas para hacer frente a este fenómeno: diafnosticar bien el problema, emprender una campaña de educación en niños y jóvenes, mejorar la capacitación de los docentes, coordinar acciones de las distintas instituciones del Gobierno, facilitar tecnológicamente las denuncias y establecer sanciones apropiadas.
En el marco del evento realizado en la Ciudad de México, en el que participan la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los Organismos Públicos de Derechos Humanos de los estados, Victoria Maldonado destacó que diversos estudios ponen a México en una situación crítica en el tema; en el nivel secundaria la situación es alarmante.
«La exclusión y discriminación que se dirige al niño o niña que es diferente se intensifica. Va desde las palabras hirientes hasta la violencia física. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar internacional de estos casos en educación básica, ya que afecta a 10 millones 781 mil 875 alumnos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), indicó que los casos de bullying crecieron 10% entre 2011 y 2013», dijo en su participación el Ombudsman.
Victoria Maldonado indicó que se estima que en México tres de cada diez estudiantes de primaria han recibido alguna agresión física de un compañero, además que esta situación se agrava con el ciberbullying, modalidad de acoso en la que los menores son amenazados, ofendidos o ridiculizados en videos que circulan por internet y las redes sociales.
En el evento, en el que participó el Ombudsman Nacional, Raúl Plascencia Villanueva y el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Rafael Campa Cifrián, señaló que resulta imperante contar con un marco legal y políticas públicas de educación que prohíban el acoso y la violencia escolar, que además incluyan planes de prevención e intervención en esos casos, tanto en instituciones educativas públicas como privadas.
«Dichos planes deberán basarse en los derechos humanos y, en particular, en el de los educandos a un ambiente libre de violencia, con la correspondiente obligación de éstos de respetar a sus compañeros de clase, y en su diseño debe preverse la participación conjunta de padres de familia y tutores, así como del personal escolar y los alumnos», insistió.
Victoria Maldonado recomendó acciones para hacer frente al fenómeno de violencia escolar que se vive en nuestro país.
El primer punto sugerido es Diagnosticar el problema en cada una de las entidades federativas para poder realizar protocolos únicos de actuación para prevenir y erradicar este fenómeno.
Anticipó que en Yucatán propondrá un diagnóstico estatal sobre las formas de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, que permita intervenir con esta población.
El segundo punto es Educación para niños y adolescentes: se requiere la realización de un programa para tratar la violencia y el acoso escolar abordado desde problemáticas específicas que vaya más allá de solo enfocarse en controlar las conductas de los niños en las instituciones educativas; es necesario reflexionar sobre las causas y los factores que propician este tipo de violencia y acoso escolar para poder prevenirla y erradicarla por completo.
Tercer punto, Capacitación a los profesores: es necesario capacitar al personal docente, directivo, de supervisión y administrativo de los servicios educativos de las escuelas públicas y privadas en materia de acoso escolar y solución pacífica de controversias y de que igualmente se requiere contar con personal especializado dentro de cada institución que dé apoyo a las víctimas.
El cuarto punto, señala una Estrategia que involucre a diversas dependencias de gobierno: las autoridades de los sectores de salud, seguridad pública y justicia se deben involucrar en programas de prevención e investigación de casos.
El quinto punto hace referencia de los Mecanismos de denuncia: la tecnología resulta de mayor importancia para el caso de denuncias sobre este tipo de violencia, en el que se pueden usar aplicaciones telefónicas que resulten de ayuda a los jóvenes para realizar denuncias directas ante las autoridades competentes.
El sexto y último punto, hace referencia a una legislación establezca sanciones apropiadas: se deben establecer bases jurídicas más sólidas y efectivas para fincar responsabilidades a los miembros de la comunidad educativa que omitan denunciar el acoso escolar y las represalias, o informar lo conducente a los padres o tutores de los autores, cómplices y víctimas del acoso.
El Presidente de la CODHEY pidió poner en el centro de este tema, que la solución de cualquier conflicto se debe realizar de forma pacífica y no a través de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
«Para ello debemos asumir una nueva toma de conciencia sobre el modo de abordar la violencia y el acoso escolar desde la perspectiva de una cultura de respeto por los valores que sustentan a los derechos humanos como son la dignidad y la igualdad de todas y de todos, entendiendo que el llamado bullying, como cualquier otra forma de intolerancia o segregación racial, o simplemente por no aceptar al otro, tiene una raíz afín a cualquier fenómeno discriminatorio», remarcó.
Y pidió a las autoridades federales, estatales, municipales, educativas, padres de familia, realizar acciones tendientes a prevenir, combatir y erradicar la violencia y cualquier tipo de discriminación no solo en las escuelas sino en nuestra sociedad.
FUENTE: CODHEY