El Juzgado Primero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara ordenó a la empresa Hidrolara restituir las condiciones de programación de suministro y distribución de agua potable por cisterna a 150 comunidades ubicadas en las zonas norte y oeste del Municipio Iribarren, las cuales están siendo afectadas por el desabastecimiento del vital líquido desde hace 2 meses.
Este Tribunal admitió la demanda de Reclamo por Deficiencia en la Prestación de Servicio Público interpuesta por voceros y voceros de Consejos Comunales e integrantes de los Consejos para la Defensa de los Derechos Humanos el pasado mes de abril, a razón de la inminente amenaza de vulneración de los derechos al agua y a la correcta prestación de un servicio público de calidad por parte de la empresa hidrológica.
En su demanda, miembros comunitarios alegaron que Hidrolara ha desmejorado el suministro del agua potable desde hace dos meses en estas comunidades, vulnerando flagrantemente los derechos a disponer de agua potable y contar con servicios de calidad, establecidos por la Asamblea General de la ONU el 26 de julio de 2011, así como en los artículos 23 y 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.
Mientras se decide el fondo de la causa, el Tribunal declaró procedente la medida cautelar innominada ejercida por estas instancias del Poder Popular y, adicionalmente, impuso a las autoridades de la Alcaldía del municipio Iribarren garantizar esta medida a través de la dependencia responsable de la distribución de agua por cisternas en estos sectores.
Asimismo, ordenó oficiar al Comandante del Comando Regional N0 4 de la Guardia Nacional Bolivariana (CORE4), a fin de que disponga de un grupo de funcionarios en las instalaciones del Llenadero Jacinto Lara – el cual surte a los camiones cisternas – para que se garantice efectivamente esta medida, hasta que se dicte una sentencia definitivamente firme.
Cabe destacar que la Defensoría del Pueblo brindó asistencia jurídica a las comunidades que interpusieron esta demanda, luego de que las mismas realizaran una serie de mesas de trabajo con representantes de Hidrolara sin obtener oportuna respuesta.
Asimismo, la institución defensorial viene capacitando desde hace dos años a las organizaciones comunitarias de todo el país en materia de derechos humanos y, en la actualidad, está desarrollando el Diplomado Derechos Humanos y Poder Popular, el cual tiene como propósito empoderar a los movimientos de base de las herramientas jurídicas y administrativas que les asisten para la exigencia y protección de sus derechos y garantías constitucionales
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Venezuela.