La Defensoría del Pueblo realizó una mesa de trabajo con las empresas de encomiendas, la Asociación de Mujeres Venezolanas Afectadas por las Prótesis PIP (Poly Implant Prothèse) e instituciones del Estado para buscar soluciones a las dificultades surgidas para el cumplimiento del protocolo de remplazo de las prótesis dañadas como consecuencia de algunas limitaciones impuestas al traslado de material médico vía encomiendas.
La reunión fue convocada conjuntamente por la Institución y el diputado a la Asamblea Nacional Carlos Sierra, miembro de la Comisión de Desarrollo Social Integral, y tuvo como fin establecer un mecanismo que permita el envío de las prótesis mamarias a los médicos encargados de realizar las operaciones de sustitución, según lo establecido en el protocolo que regula el retiro y remplazo de estas prótesis elaborado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS).
El problema se ha suscitado debido a que entre las medidas tomadas para combatir el contrabando de extracción se ha limitado el envío de algunos productos por vía de las empresas de encomiendas, entre ellos, los insumos médicos, razón por la cual la empresa encargada de proveer las nuevas prótesis ha tenido dificultades para hacer los envíos, lo que ha derivado en el paralización del proceso.
En la reunión estuvieron presentes representantes de las empresas de mensajería MRW y Domesa, del Instituto Postal telegráfico (Ipostel), de la empresa Galaxia Médica, encargada de proveer las prótesis; de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, así como del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y la AN.
Como resultado del debate los presentes acordaron delegar en Ipostel, en su carácter ente regulador de los servicios de mensajería y encomienda, el diseño de una autorización que permita el envío de las prótesis según el procedimiento establecido en el protocolo aprobado por el MPPS; mientras que las empresas de mensajería y encomiendas acordaron retomar los envíos apenas reciban esta autorización por parte de Ipostel.
En el año 2012 la Sala Constitucional del TSJ admitió una acción por derechos colectivos y difusos introducida por la Defensoría del Pueblo para proteger a las personas afectadas por el uso de las prótesis PIP en el país. En la sentencia de admisión, el TSJ ordenó el retiro y remplazo de las prótesis PIP que hubiesen iniciado el proceso de filtración. La sentencia también ordenó que el MPPS dictara un protocolo que regulara el proceso de retiro y remplazo de esas prótesis.
En la actualidad unas 3.500 mujeres víctimas de las prótesis PIP se encuentran registradas en la base de datos del MPPS, de las cuales alrededor de 1.400 ya han cumplido con todos los pasos para proceder al remplazo de las prótesis defectuosas según el protocolo.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela