La Defensoría del Pueblo (DdP), a través de mesas estrategias interinstitucionales, ha beneficiado a 145 campesinos y campesinas con actos conclusivos de sobreseimiento y 394 trabajadores y trabajadoras del campo con inicios de procesos de sobreseimiento a favor, en todo el territorio nacional.
Ambos casos se refieren a procesos penales de delitos de invasión, pese a que los trabajadores y trabajadoras del campo detentan instrumentos administrativos emanados por el Instituto Nacional de Tierra (INTI).
El Director General de Atención al Ciudadano en la DdP, Daniel Ramírez, explicó que los sobreseimientos son un tipo de resolución judicial que dicta un juez o un tribunal, suspendiendo un proceso -de forma definitiva o temporal, total o parcial, según sea el caso- por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia, relacionada con el tema agrario, «con estas actuaciones se han favorecido en total a 539 agricultores y agricultoras», dijo.
En este sentido, la Institución Nacional de Derechos Humanos ha ejecutado varias mesas de trabajo estratégicas en los estados Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Portuguesa, Trujillo, Yaracuy y Zulia, con el objetivo de impulsar la articulación institucional, atención y seguimiento en los problemas de las comunidades campesinas.
Asimismo, anunció que la DdP estará vigilante ante la materialización de los actos conclusivos de sobreseimiento correspondientes a los 394 casos ya antes mencionados, en los que se han iniciado los referidos procesos penales.
Por otra parte, el Director explicó que dentro del contexto de las mesas estratégicas se han logrado 62 causas con otorgamiento de decaimiento de medidas a favor del sector campesino nacional, acciones ejecutadas por la Defensa Pública, a través de sus defensores y defensoras agrarias. «Este tipo de procesos fue más visibles en los estados Barinas, Cojedes y Miranda», especificó.
También señaló que las estadísticas reflejan la existencia 27 causas de solicitud de decaimiento de medidas en beneficio de estas personas que laboran el campo.
Logros de articulación
Los movimientos campesinos han presentado -desde el año 2009 hasta la fecha- 164 planteamientos, peticiones o quejas a los efectos de su respectiva revisión y posibles soluciones.
Yoglet Urrutia Tovar, representante de la Dirección General de Atención al Ciudadano, manifestó que «estas solicitudes están relacionadas con el tema de regularización de tierra, celeridad en el otorgamiento de instrumentos administrativos por parte del INTI, ejecuciones de inspecciones por parte del INTI, peticiones de defensa ante demandas agrarias, posesión agraria, entre otros aspectos».
Igualmente, destacó que el 8 de diciembre de 2011 se sentó un precedente judicial de obligatorio cumplimiento por todos los juzgados de la República en apoyo del sector agrícola nacional. «La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictó una sentencia en la que se declara con carácter vinculante, la aplicación del procedimiento ordinario agrario establecido en el Capítulo VI de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en aquellos casos en donde se observe un conflicto entre particulares devenido del trabajo campesino», citó.
Además, comentó que la sentencia desaplicó por control difuso de la constitucionalidad los artículos 471-A y 472 del Código Penal Venezolano, «en aquellos casos en donde se observe una controversia entre particulares acontecida de la actividad agraria», aclaró.
Por otra parte, afirmó que la Defensoría fue garante de los derechos humanos ante la privativa de tres trabajadores del campo, uno en Miranda y otros dos en Guárico.
«En ambos estados se obtuvo el otorgamiento de libertad plena, pero debemos resaltar que uno de los afectados, en la entidad guariqueña, había sido condenado por el delito de invasión a pesar de detentar instrumento administrativo a su favor otorgado por el INTI», explicó.
La iniciativa de las mesas estratégicas, auspiciadas por la DdP, cuentan con la participación del movimiento nacional campesino, Ministerio Público, Defensa Pública, Tribunal Supremo de Justicia, Oficina Nacional Antidrogas, Cuerpos Policiales y los ministerios de Ambiente, Comunas y Protección Social, Relaciones Interiores y Justicia, Defensa y finalmente Agricultura y Tierras
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela