El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, participó en una Jornada Interinstitucional por la Consolidación de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y presentó propuestas para una mayor garantía de los derechos de esta población. Evento organizado por la Comisión por los Derechos de la Mujer, la Equidad y la Igualdad de Género de la Asamblea Nacional Constituyente.
Las palabras de apertura de este evento estuvieron a cargo de la presidenta de la Comisión, María León, quien indicó que el objetivo de esta actividad es asumir las propuestas entregadas por parte de las instituciones, organizaciones y especialistas en la materia para ser discutidas e incorporadas en el nuevo texto constitucional en elaboración, para así, asumir un plan de trabajo que contribuya a la revisión y construcción de políticas públicas a favor de la infancia y la adolescencia.
El Defensor, durante su intervención indicó que la República Bolivariana de Venezuela ha sido ejemplo al superar la infravaloración e inferioridad jurídica que han sufrido históricamente los niños, niñas y adolescentes en la mayor parte del mundo, reconociendo el protagonismo de esta población
Asimismo, enfatizó que el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela abre paso a un nuevo paradigma para la protección de la infancia, se trata de la denominada “Doctrina de Protección Integral”, que no es más que el reconocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes, sin discriminación alguna, como sujetos cuyos derechos humanos estamos obligados a respetar en cualquier circunstancia.
“Si la familia, la sociedad, la comunidad, la escuela o el Estado fallan en el compromiso de proteger a los niños, niñas y adolescentes, serían estas instituciones las que estarían en “situación irregular” y no el niño o niña quien sólo es emergente de una situación social disruptiva”.
Seguidamente, destacó dos aspectos que considera fundamentales: el primero de ellos, es la efectiva creación de un Plan Nacional de Protección a la Infancia y Adolescencia, que oriente todas las acciones en la materia: “un plan que, hay que resaltarlo, debe incluir la prevención de la violencia como un elemento esencial”, y el segundo aspecto a reflexionar es generar una verdadera articulación de los Órganos del Sistema Rector, “porque en la realidad concreta esto ha tenido muchas dificultades”, puntualizó.
Para el Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente recomendó que los programas de atención socioeducativos deben ser un conjunto de acciones con fines pedagógicos y de protección, desarrolladas en las entidades de atención socioeducativas, las cuales serán diseñadas y ejecutadas por un grupo de profesionales de las áreas sociales, humanísticas y jurídicas, con el objeto de asistir, atender y formar a la población adolescente que ha infringido la Ley Penal, para una convivencia pacífica y armónica con su familia y la sociedad.
Para finalizar, resaltó tres reflexiones trasversales donde explicó que se debe seguir trabajando por la transformación cultural. A su juicio, desterrar las prácticas adultocéntricas y tomar conciencia de la influencia que tiene nuestro trato en el desarrollo de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes, sin olvidar atender a las opiniones que tienen sobre el proceso constituyente los propios adolescentes e incluso los niños o niñas que ya manejan el lenguaje y tienen derecho a la participación popular y protagónica. Esa es la mejor expresión de coherencia.
En este encuentro asistieron representantes del Ministerio Público, Defensa Pública, Ministerio del Poder para la Mujer y Equidad de Género, del Instituto de Protección de los Derechos del Niño, entre otros. Fin / Antonieta Cetrangulo –Fotografías/ Yacmaily Perdomo