Al cumplirse 29 años de la Masacre de Tazón y con el fin de dar continuidad a la campaña “Sin Memoria no hay Justicia”, la Defensoría del Pueblo (DdP) realizó un conversatorio denominado: “Las luchas estudiantiles y los Derechos Humanos”, para rememorar las políticas implementadas por el Gobierno del entonces Presidente Jaime Lusinchi en contra de las iniciativas promovidas por el movimiento estudiantil de la época.
En la jornada, participaron como ponentes Luis Solórzano y Antonio Graterol, ambos víctimas del mencionado suceso, ocurrido un 19 de septiembre del año 1989, cerca de Hoyo de la Puerta, en Tazón, y que dejó como saldo 35 estudiantes heridos, 10 de ellos de suma gravedad.
Luis Solórzano, durante su intervención, relató cómo ocurrieron los hechos, en el cual cuatro autobuses, con casi 200 estudiantes, salieron desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Central de Venezuela, en Maracay hasta la Sesión del Consejo Universitario en Caracas, para solicitar un derecho de palabra por sus reivindicaciones estudiantiles. “No obstante, fuimos sorprendidos a la entrada del Peaje de Tazón por efectivos militares que trataron de impedirnos el paso, ante la negativa nuestra, ellos procedieron al ametrallamiento de las cuatro unidades”, dijo.
Solórzano, recordó además como los espacios de la UCV en Caracas eran custodiados por efectivos de la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional, lo que calificó como una “sistematización de la violencia hacia el movimiento estudiantil” y que formó parte de la política represiva de la Cuarta República contra los movimientos revolucionarios “éramos opacados con balas”.
El ponente, pidió al movimiento estudiantil actual reflexionar sobre las supuestas violaciones a los derechos humanos, pues considera que hoy se brinda mayor protección a sus DDHH a través de las instituciones del Estado y las leyes promulgadas por la Asamblea Nacional en esta materia.
Por su parte, Antonio Graterol, alabó las acciones emprendidas por el actual Gobierno “revolucionario”, en torno a la creación de la Defensoría del Pueblo, la reciente promulgación de la Ley para Sancionar: Crímenes, Desapariciones, Torturas y Violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas en el período 1958-1998, así como la juramentación de la Comisión por la Verdad y la Justicia.
Señaló que sus únicas armas eran los lápices y cuadernos para defender la gratuidad de la enseñanza al servicio del pueblo. En la actividad, también estuvo presente Ignacio Ramiro Romero, abogado que los asistió en su causa legal, a través de una demanda penal privada, ya que en ese entonces no contaron con la protección de los organismos del Estado.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela