Los representantes de la mesa interinstitucional conformada para atender el caso de las prótesis Poly Implant Prothése (PIP) se reunieron este miércoles en la Defensoría del Pueblo con un grupo de mujeres afectadas por los implantes mamarios, a fin de informarles los avances que hasta el momento se han alcanzado para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Durante el encuentro, los voceros informaron sobre el Registro Nacional Obligatorio, que estará disponible en los próximos días en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Salud www.mpps.gob.ve. Al respecto, advirtieron que todas las personas afectadas por la colocación de implantes mamarios marca PIP deberán inscribirse en este Registro Nacional para poder ser beneficiarias del retiro y reemplazo programado de las prótesis ordenado por el máximo tribunal de la República.
La reunión sirvió también para responder las inquietudes de las mujeres afectadas sobre la acción judicial interpuesta por la Defensoría del Pueblo y los próximos pasos que serán dados dentro de este juicio. Igualmente, el espacio permitió dar a conocer que el pasado viernes fue consignado en la Sala Constitucional del TSJ el protocolo elaborado por el Ministerio del Poder Popular para Salud (MPPS), en respuesta al a las medidas cautelares acordadas por la máxima interprete de la Constitución en su sentencia del 6 de junio de este año.
Es importante destacar que los pasos a seguir y el contenido del mencionado protocolo será informado de manera detallada por el MPPS, como ente competente y rector en esta materia.
Los representantes de la Defensoría del Pueblo expresaron su satisfacción por el trabajo realizado por el MPPS, con la elaboración del protocolo y el Registro Nacional Obligatorio, lo cual permitirá canalizar la atención de las personas que enfrentan el problema de las prótesis PIP y que están siendo beneficiadas por la sentencia del TSJ, constituyendo esto un paso importante para el restablecimiento del derecho a la salud de las afectadas.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela