El pasado viernes la Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, acompañada por miembros de la Asociación de Protección de Familiares Víctimas del Sicariato contra Campesinos y Campesinas, sostuvo una reunión con la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez Alvarado, y con la Magistrada de la Sala de Casación Penal, Deyanira Nieves Bastidas, a quienes les hizo entrega de un informe defensorial sobre el sicariato en los campos de Venezuela y el estatus de algunas causas que cursan en los tribunales.
La máxima representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Venezuela mostró su entusiasmo por la reunión, agradeciendo a la Presidenta del TSJ por la deferencia que ha tenido con la Defensoría del Pueblo y con la asociación de familiares de víctimas.
Asimismo, Ramírez informó que la reunión también tuvo como objetivo fijar estrategias que permitan acelerar los procesos penales que se siguen por el asesinato de líderes campesinos que lucharon por la democratización de la tierra. Al respecto, indicó la aspiración que en corto tiempo se puedan agilizar las investigaciones de algunos casos que por distintas circunstancias se han ido quedando en el tiempo y afirmó que es importante que las personas tengan la certeza de que el Estado democrático, social de Derecho y de Justicia va a velar por las garantías que están recogidas en la Constitución.
En la reunión se decidió conformar una mesa de trabajo que tendrá la tarea de recopilar los datos recogidos por la Defensoría del Pueblo y por la Asociación de Familiares para obtener una cifra consolidada de muertes por sicariato en los campos venezolanos. Una vez organizada esta información, se precisarán estrategias para acelerar los juicios penales, además de establecer medidas estimadas a prevenir estos hechos de violencia.
A petición del Tribunal Supremo de Justicia, la mesa será coordinada por la Defensoría del Pueblo, y estará conformada además por cuatro representantes del TSJ, por representantes del INTI y por familiares de víctimas y sobrevivientes del sicariato contra campesinos y campesinas.
La Defensora del Pueblo informó que además la Institución acompaña la petición que están haciendo los familiares de víctimas de proponer a la Asamblea Nacional la aprobación de una ley especial para declarar los asesinatos de campesinos como delitos de lesa humanidad, para que no prescriban; y que espera que el TSJ aporte su valiosa experiencia al respecto.
De la misma manera, Ramírez recordó que el Derecho a la Tierra está garantizado plenamente por el Estado venezolano y es concebido como un tema de Derechos Humanos.
De igual forma, la Defensora del Pueblo dio a conocer que según investigaciones realizadas por la DdP, los estados Barinas, Zulia y Portuguesa son los que presentan más casos de ataques hacia campesinos y campesinas. Igualmente, expresó que se deben sondear las razones por las que ocurren estos hechos para hacer los correctivos que sean necesarios.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela