Ante el asesinato de Marcelo Roldán en la Unidad 3 (Ex Penal de Libertad) y la agresión a una mujer trans en la ciudad de Salto, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) expresa una gran preocupación por los niveles de violencia que actualmente afectan la normal convivencia de la sociedad uruguaya y realiza un nuevo llamado a la reflexión por la convivencia
Esta violencia se manifiesta en diferentes formas y ámbitos y tienen un serio impacto negativo para una sociedad que debe ser respetuosa de los derechos de todas las personas que la habitan. En esta oportunidad, esa preocupación se relaciona con la gran consternación generada por la inusual brutalidad y violencia presente en estos dos episodios concretos.
En este marco, en primer lugar expresa que las diferentes violencias que se generan en los ámbitos de encierro institucional, constituye un factor fundamental a efectos del respeto y ejercicio de todos los derechos de las personas privadas de libertad y del mantenimiento de las reglas de convivencia democrática.
A esos efectos, recuerda lo consignado en informe ante el Comité contra la Tortura en su 64° Sesión (Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas). En dicho informe alerta sobre “ los altos índices de violencia institucional e interpersonal en muchas de las cárceles del país. El número de fallecimientos por homicidio y suicidio en la población carcelaria son el indicador más grave y contundente de una falla sistémica[1]. Esta falla se concentra en algunas Unidades donde la sobrepoblación, el hacinamiento y la carencia de proyectos personalizados son características que favorecen el mantenimiento de altos índices de riesgo”.
Por otra parte, y en relación al episodio de violencia ocurrido en la ciudad de Salto contra una mujer trans, la INDDHH recuerda que en el año 2013, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas publicó las recomendaciones efectuadas al Estado uruguayo por el Grupo de Trabajo creado por el Consejo de Derechos Humanos en el contexto del Examen Periódico Universal (Asamblea General, A/HRC/26/7). En el párrafo 123.67 del documento mencionado, se recomienda al Estado uruguayo “Adoptar las medidas policiales y de otro tipo que sean necesarias para prevenir cualquier forma de discriminación, violencia y acoso relacionados con la identidad sexual y de género y brindar protección frente a esos actos de violencia y velar por que dichos actos se investiguen activamente y sus autores comparezcan ante la justicia”. Estos son los lineamientos generales contenidos en la recientemente aprobada ley Integral para personas Trans Nº 19.684.
En el mismo sentido, el Comité contra la Tortura, órgano creado en el marco de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, hizo público, con fecha 10 de junio de 2014, su informe sobre Uruguay (CAT/C/URY/CO/3). En esa oportunidad, el Comité, urgió al Estado uruguayo a: (a) Proteger a las personas de la violencia homofóbica y transfóbica y prevenir la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante; (b) Adoptar las medidas legislativas necesarias contra los delitos motivados por el odio que desalienten la violencia contra las personas por motivo de su orientación sexual o identidad de género y establecer sistemas eficaces para denunciar este tipo de violencia, a fin de investigar, enjuiciar y castigar a los autores de tales actos.
Montevideo, 8 de noviembre de 2018
[1] Según datos del Ministerio del Interior al 31/12/2017 se registraron 47 fallecimientos en cárceles: 17 (36%) por homicidios intencionales entre internos, 10 suicidios (21%) y 20 por otras causas (43%).