La directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Ariela Peralta, participó este lunes 20 de la mesa de Intercambio sobre Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y Televisión Digital, en la sede del Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación.
La mesa fue organizada por el grupo Alternativas Mediática-PRODIC, estuvo integrada por el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, al directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Ariela Peralta, el integrante del Observatorio de Comunicacíon, Gustavo Gómez, Martín Papich, de TV Ciudad, Gabriel Molina del PIT-CNT y Esteban Schroeder de ASOPROD y fue coordinada por Gabriel Kaplún, director de Comunicación, de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República.
Durante su intervención Peralta se refirió a los dos informes realizados por la Institución y presentados a la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes a fines de 2013 y después ante la Comisión de Industria de la Cámara de Senadores en abril de 2014.
Peralta destacó el hecho de que el proceso de la creación de la ley fue un proceso colectivo en el que participaron diferentes actores, al tiempo que las comisiones que la trataron recibieron a diferentes actores para conocer su opinión.
La directora señaló que la ley está en «consonancia con la normativa nacional e internacional en materia de DDHH, así como con los desarrollos más recientes en materia de libertad de expresión y acceso a la información» y sostuvo que «era necesario» una ley de este tipo.
Asimismo señaló que la creación de la ley pone de manifiesto un proceso que avanzó en nuestro país con la ley de radiodifusión comunitaria, la ley de Acceso a la Información, entre otros y agregó que era necesario un acceso «mucho más pluralista, equitativo y abierto» a los medios de comunicación.
Peralta sostuvo que ese acceso es «una parte esencial del derecho a la libertad de expresión», que si bien admite límites, estos deben ser «muy precisos y claros»: «las limitaciones deben estar preestablecidas, deben ser públicas y claras y cuando se limitan debe ser por una razón imperiosa, no por una razón adecuada, factible, tiene que ser una razón imperiosa porque es un derecho demasiado rico para la vida democrática».
La directora habló también de los desafíos que implica para la INDDHH la implementación de la Ley de Medios y recalcó que la elección de un relator especial, será un proceso que llevará un tiempo, dado que se busca que sea «amplio, participativo y equitativo».
FUENTE: Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay (órgano colegiado de Presidencia rotativa)