La INDDHH condena el asesinato de dos defensoras de los derechos humanos ocurridos en este pasado mes de marzo.
El 14 de marzo fue asesinada la activista brasileña Marielle Franco.
Era mujer, feminista, líder afrodescendiente, socióloga, lesbiana. Había sido elegida como concejala en Río de Janeiro en 2016 y en febrero de este año designada relatora en la seguridad pública para ese estado.
Marielle conocía profundamente la realidad de las favelas. Había nacido y crecido allí. Desde esa cercanía su voz era la de millones de mujeres, de afrodescendientes, de integrantes de la comunidad LGTB, de la población pobre brasileña, que sufren la violencia estructural de un sistema que les considera como ciudadanos de segunda categoría, les niega derechos, les excluye, les atribuye la causa de la inseguridad, les persigue y les mata.
Marielle reunía todas las condiciones para ser excluida, pero desafió el sistema y alcanzó un espacio desde donde poder hacer visible estas inequidades y reclamar por los cambios imprescindibles.
Su muerte fue planeada desde un poder que ve en el movimiento feminista, en la organización de los jóvenes afrodescendientes, en la protesta de los segregados por su condición económica, una amenaza a la permanencia de privilegios indebidos.
El 28 de marzo asesinaron a Gavis Moreno, mujer afrodescendiente, feminista y activista en derechos humanos de Ecuador de forma muy similar a la que terminó con la vida de Marielle.
Gavis Moreno desarrollaba un importante trabajo para lograr la reinserción de mujeres privadas de libertad.
Se trata de ejecuciones extrajudiciales, muertes de personas que revisten la condición de ser defensoras de derechos humanos producidas en un contexto de violaciones a los derechos humanos incompatible con la efectiva protección al derecho a la vida.
La muerte de activistas de derechos humanos genera desamparo en quienes se identifican con sus acciones y son destinatarios de sus reivindicaciones.
Es de vital importancia y de especial cumplimiento la obligación estatal de proteger a quienes trabajan en la promoción y garantía de los derechos humanos.
Es deber ineludible de los Estados la investigación de estos crímenes en tanto que constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Se debe desarrollar una acción estatal para esclarecer los hechos, identificar y sancionar a los responsables. Pero también es necesario adoptar las medidas imprescindibles para revelar los patrones sistemáticos que derivaron en estas ejecuciones y promover los cambios necesarios para evitar su repetición.
Las reivindicaciones de los movimientos feministas, afrodescendientes, LGTBI siguen vigentes, la ejecución de estas activistas revela que los postulados que sustentan estos colectivos buscan remover las estructuras del poder para alcanzar una sociedad más igualitaria, donde todos y todas gocen de los mismos derechos.
La INDDHH se suma al reclamo internacional para que se lleve a cabo una investigación rigurosa de estos asesinatos y la sanción de los responsables a la vez que se establezcan garantías efectivas de no repetición.