En diciembre de 1977 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó al 8 de marzo como el “Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional” recordando la lucha de las mujeres trabajadoras de la industria textil de Nueva York, Estados Unidos, así como otros tantos episodios de lucha por los derechos de las mujeres.
La conmemoración de esta fecha es oportunidad para considerar los logros alcanzados y atender la persistencia de las desigualdades en torno a las cuales debe continuar trabajándose para superarlas.
La aprobación de la ley 19.846 de “Igualdad y no Discriminación entre Mujeres y Varones” ha sido un reciente logro desde donde se podrá promover la igualdad de derechos para eliminar la discriminación que aún sufren las mujeres.
Esta ley se suma a otras que han abordado los diversos ámbitos donde las mujeres tienen sus derechos limitados o sencillamente excluidos. En este sentido, las leyes de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, Interrupción Voluntaria del Embarazo, Prevención y Combate de la Trata de Personas y Violencia hacia las Mujeres basada en Género, entre otras, han contribuido a mejorar la situación de vida de muchas mujeres y a lograr que puedan desarrollar sus proyectos personales amparadas por este campo normativo.
Pero para que estas herramientas legales puedan alcanzar los cambios que consagran deben ser acompañadas de un presupuesto que permita su completa implementación, así como la creación de los organismos que sean necesarios para llevarlas adelante.
Se ha delineado e instalado un amplio esquema de unidades y oficinas públicas con la finalidad de atender las diversas necesidades que la perspectiva de género reclama y, en especial, el flagelo que representa la violencia basada en género.
No obstante, persisten dificultades en el funcionamiento de este sistema de forma que sea enteramente efectivo en la protección de los derechos humanos especialmente afectados. La necesaria coordinación entre las unidades, la formación de unidades especializadas, la implementación y desarrollo de programas con foco en igualdad de género para los diversos ámbitos educativos, laborales y de salud son fundamentales para enfrentar y resolver las diversas formas de discriminación.
Por otra parte, la sostenida reivindicación de los derechos de las mujeres ha puesto de manifiesto las condiciones de exclusión que aún persisten y revela las desigualdades en todos los espacios de la sociedad.
Este avance en el conocimiento público de barreras, que durante décadas han limitado a las mujeres el acceso en condiciones de igualdad en el ejercicio de todos los derechos, debe ir acompañado de acciones que reviertan esas limitaciones, trascendiendo de la constatación de la desigualdad para construir una conciencia social que no distinga en razón de género.
Es necesario profundizar en el cambio cultural y sensibilizar a la sociedad frente a las expresiones que ponen de manifiesto esa persistente discriminación. Las políticas públicas deben impulsar la necesaria transformación de aquellos conceptos sociales que sostienen la exclusión, promoviendo la igualdad y garantizando el ejercicio efectivo de los derechos en todos los ámbitos.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) celebra y acompaña las acciones sociales convocadas para este 8 de marzo y resalta la importancia de movimientos sociales activos y organizados que contribuyan a la construcción y puesta en práctica de los programas y acciones que el Estado desarrolle en protección a los derechos humanos con especial énfasis en los que refieren a la eliminación de toda forma de discriminación hacia las mujeres.
La INDDHH asume y reitera su compromiso en la protección, promoción y defensa de todos los derechos acompañando el desarrollo de aquellas políticas respetuosas de los derechos de las mujeres que permitan consolidar los avances logrados.