Una madre de familia del municipio de Axtla de Terrazas exigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado investigar y sancionar a dos agentes del Ministerio Público que incurrieron en prácticas negligentes durante un proceso penal por el delito de violación sexual a una niña con síndrome de Down.
El caso fue conocido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en septiembre de 2010, fecha en que la madre de una niña acudió a interponer una queja en contra del Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con sede en Tamazunchale, por considerar que debido a omisiones de su parte, una persona acusada y sentenciada por el delito de violación fue dejada en libertad anticipada.
Luego de investigar y documentar dicho caso de violación al derecho a la legalidad y la seguridad jurídica, por la dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional, la CEDH emitió en diciembre de 2011 la Recomendación 20/2011, donde se pidió instaurar un procedimiento administrativo en contra de dos agentes del Ministerio Público responsables de llevar el proceso ante el juzgado.
Al respecto, la madre de familia relató que su menor hija fue víctima e violación en agosto de 2008 y semanas después se detuvo al presunto responsable, sin embargo la mujer nunca fue notificada del desarrollo del proceso penal y fue sólo hasta junio de 2010, cuando a través del juzgado se enteró que el acusado sería puesto en libertad.
Para ello, la parte afectada, a través del Ministerio Público contaría con 5 días para apelar la resolución del juez y cuando la mujer acudió ante la fiscalía para hacer valer ese recurso legal, sin embargo tal petición no sería atendida. “Ahora lo único que yo pido es que se investigue y se sancione a los agentes del Ministerio Público, porque no es justo que quien violó a mi hija ahora ande libre”, dijo la madre de familia al acudir este martes a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
De parte de este organismo se le notificó a la mujer las acciones legales emprendidas por este organismo y la recomendación 20/2011 notificada a la PGJE, misma que ya fue aceptada y se está en espera de cumplimient. Además de parte de la CEDH se refrendó el compromiso de mantenerse vigilantes hasta que se acate lo ahí solicitado en cuanto al proceso administrativo que se pide instaurar contra dos agentes del Ministerio Público.
FUENTE: Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí