La Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado aplicar medidas precautorias urgentes, a favor de alumnos de una primaria del municipio de Santo Domingo que acusaron a dos maestras de maltratarlos física y psicológicamente.
La principal petición hecha por este organismo, y que fue atendida de inmediato por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, fue retirar del grupo a las dos docentes, y asignar a nuevos profesores para evitar que cerca de cincuenta menores se quedaran sin clases, pues una primera reacción de la escuela “Valentín Gómez Farías” de la comunidad de Santa Matilde fue cerrar la institución en represalia a las quejas investigadas por la CEDH.
Por ello fue necesaria la intervención directa del Secretario de Educación Juan Antonio Martínez Martínez, quien a petición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos giró instrucciones para garantizar el derecho a la educación de los menores y frenar de inmediato cualquier maltrato a los infantes.
De acuerdo a las quejas que presentaron cerca de 45 padres de familia y varios menores, la maestra de primer año castigó amarrando de las manos y poniéndoles cinta en la boca a tres niños. Y cuando los padres de familia lo denunciaron a la directora, ésta los ignoró y en lugar de atenderlos optó por cerrar la escuela y dejar sin clases a casi medio centenar de niños.
Además la CEDH está en etapa de investigación de varios abusos más de que habrían sido víctimas los niños y los padres de familia, pues también se acusó a las docentes de humillar y dirigirse de manera grosera hacia los alumnos y sus tutores.
La comunidad de Santa Matilde, donde se encuentra la escuela “Valentín Gómez Farías” se ubica a unos 10 kilómetros del municipio de Santo Domingo, en el Altiplano potosino y debido a la lejanía con la Capital, los padres de familia solicitaron la presencia de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en su localidad.
Por ello, personal de la Cuarta Visitaduría a cargo de Alejandro García Alvarado, con sede en Matehuala, acudió hasta la comunidad para salvaguardar los derechos de los menores.
Aunque las medidas precautorias urgentes ya fueron atendidas por la SEGE, el expediente de queja continúa integrándose y por tratarse de un caso de posibles violaciones graves a los derechos de los niños, en su momento este organismo hará los señalamientos definitivos para buscar sobre todo que ese tipo de abusos se vuelva a cometer contra los menores.
FUENTE: Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí