El Estado debe brindar seguridad a la población privilegiando en todo momento la vida de las personas.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos considera inadmisible que policías de cualquier orden de gobierno porten armas sin estar debidamente capacitados, y que por ello incurran en excesos que cuestan la vida de personas inocentes.
Dicha situación ha sido señalada por la CEDH en pronunciamientos oficiales como fue la Recomendación 01/2011, derivada del caso de la Comunidad El Jaralito, donde policías de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado realizaron disparos y una persona perdió
la vida.
Ante los hechos ocurridos la noche del domingo 7 de octubre, donde una familia fue atacada con armas de fuego, presuntamente por policías de la DGSPE, este Organismo Autónomo inició de inmediato un expediente para documentar posibles excesos de parte de servidores
públicos y sobre todo para velar por el respeto total a los derechos de las víctimas.
El derecho a la vida es requisito indispensable para gozar de todos los demás derechos consagrados por la Constitución General del país, por ello la importancia de que el Estado lo respete, privilegie y garantice en todo momento. De ahí la responsabilidad que tiene el Estado cuando a través de alguno, o algunos, de sus servidores públicos se priva de la vida a una persona.
Este nuevo caso donde una familia fue atacada con disparos de arma de fuego evidencia también que la capacitación brindada por autoridades de gobierno a sus policías no ha dado los resultados esperados, pese a que de manera oficial se da a conocer el ejercicio de recursos millonarios en cursos.
Por ello, la Comisión Estatal de Derechos Humanos exige a autoridades de gobierno que la capacitación a la policía sea permanente, efectiva y que los recursos se apliquen verdaderamente en mejorar las capacidades de los servidores públicos.
FUENTE: Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí