En ese sentido la Defensora del Pueblo, Dra. Ana Piccinini, se dirigió por nota al Secretario de Seguridad, Victor Cufre, a quien le transmitió que tal circunstancia resulta de público y notorio conocimiento, bastando para ello con consultar a diario los medios periodísticos. Señala asimismo que: “la ola delictiva resulta creciente y sus consecuencias son cada vez más graves, tornándose los hechos cada vez más violentos y agravados por el uso de armas de fuego, inclusive se han registrado atentados contra la seguridad pública”.
Añade por otra parte Piccinini que: “las víctimas son mujeres, niños, ancianos. Los delitos se traducen en arrebatos, hurtos o robos violentos tanto en la vía pública como en viviendas particulares o comercios, actuando los delincuentes muchas veces movilizados y volviendo a delinquir en las mismas localidades pasando absolutamente desapercibidos”.
“Se advierten también –puntualizó- delitos contra la propiedad pero además, entre otros, delitos contra la vida y contra la integridad sexual, más precisamente hablamos de asesinatos, violaciones y atentados públicos”.
Mas adelante señala también en su nota la Defensora del Pueblo que “es realmente preocupante la situación de inseguridad que vive la sociedad rionegrina, respecto de la cual, más allá de la preocupación, seguramente compartida por el Gobierno Provincial, debería existir ocupación real y efectiva sobre esta problemática, desde la Secretaría a su cargo”.
Destaca asimismo en la nota, que: “el diagnóstico de esta Defensora del Pueblo revela ausencia o al menos insuficiencia de políticas activas de prevención del delito en el ámbito provincial”.
“Por tal motivo -continúa la Defensora Piccinini- a partir de lo expuesto solicito a Ud. se sirva informar acerca de los planes y/o estrategias implementadas desde la Secretaría de Seguridad en materia de prevención del delito, indicando si se confeccionó el tan anunciado y promocionado `mapa del delito` en territorio provincial. La información solicitada deberá incluir, señala, todo dato estadístico obtenido en base a relevamientos, estudios y/o análisis efectuados sobre las distintas realidades sociales de nuestra amplia geografía”.
El pedido de informes de la Defensora indica también que se debe hacer conocer qué grado de coordinación en el diseño y puesta en marcha de políticas de prevención del delito, mantiene la Secretaría de Seguridad y Justicia con las Unidades Regionales de la Policía provincial, con los Consejos Locales de Seguridad y con los intendentes de las distintas localidades. Concretamente reuniones mantenidas, frecuencia de las mismas, lugar y fecha, estrategias desplegadas, objetivos propuestos, compromisos asumidos y demás acciones concretas. En otra parte de su nota, la Defensora solicita se indique “cuántos cursos de capacitación en materia de prevención del delito y en materia de protección de los Derechos Humanos se han dictado en los últimos cuatro (4) años, detallando el número de efectivos policiales que participaron de los mismos, lugar y fecha de celebración, responsables de las capacitaciones, así como la duración de los mismos”. Requiere además la Defensora del Pueblo “informe acerca de los recursos materiales y humanos que dispone la Policía de Río Negro, más precisamente cantidad de efectivos por localidad trabajando en las calles, personal que desarrolla tareas administrativas, así como cantidad de vehículos disponibles para tareas de prevención, indicando marca y modelo, todo ello discriminado por Unidad Regional y por Comisaría, incluida la Jefatura de Viedma”.
Por último solicita indique cuántos policías hay en actividad y cuántos en situación de disponibilidad y pasiva, en todo el territorio provincial. Sirviéndose brindar todas las consideraciones que estime oportunas y que contribuyan al conocimiento cabal de las acciones que lleva adelante la Fuerza en materia de prevención del delito.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Río Negro, Argentina.