La Defensora Del Pueblo, en declaraciones a diferentes medios de comunicación de la provincia dijo, respecto al dictamen de la Justicia que procesó a Sansuerro: “vemos con mucha alegría como empiezan a salir de la Justicia los primeros resultados satisfactorios de nuestras denuncias y afirmaciones, esto lo expreso para todos aquellos que dicen que desde la Defensoría del Pueblo hacemos denuncias mediáticas”.
La Defensora del Pueblo, Dra. Ana Piccinini, expresó que “hoy es un día de satisfacción para nosotros porque esta denuncia por estafa que nosotros hacemos en Villa Regina, en la venta de lotes por parte del Secretario General del Gremio de Viales, nos costó sangre, sudor y lágrimas; hemos tenido que soportar insultos por parte de este individuo, acusaciones, imputaciones, incluso yo tengo en trámite contra él una querella criminal”.
Remarcó además que “para nosotros es muy importante este resultado porque da por tierra con todas las informaciones que recibo como Defensora del Pueblo sobre que hago denuncias mediáticas, no sólo lo dice el Gobernador de la provincia y algunos funcionarios denunciados por la Defensoría del Pueblo, sino también, ahora, los abogados de la defensa de los presuntos implicados”.
“Cuando nosotros presentamos una denuncia penal, la presentamos con pruebas, con convicción y lo hacemos en defensa de los derechos de los ciudadanos que no tienen por qué ser avasallados, ni pisoteados por los funcionarios públicos”, indicó Piccinini.
La Defensora recordó que la causa se inició porque “el señor Sansuerro estaba vendiendo en Villa Regina lotes de una fracción mayor que no estaba mensurada, o sea lotes que no existían” y agregó que “la propiedad de una fracción estaba a nombre del Sindicato y otra fracción estaba a nombre de una persona que convivía con Sansuerro y, además, tenía una hipoteca en primer grado de 120 mil pesos”.
“Pero eso no es todo –resaltó la Dra. Piccinini- en los contratos a través de los cuales Sansuerro vendía estos presuntos lotes que no existían, le ponía que en ese lote le iba a hacer una vivienda de acuerdo a un convenio que él tenía con el IPPV”. La Defensora del Pueblo indicó que desde el IPPV y, luego de empaparnos de la situación, nos informaron que no existía ningún convenio con Sansuerro y que además no lo pensaba tener en los próximos tres años porque no había cupos para realizar esas viviendas en Villa Regina.
“Inmediatamente nos constituimos en el Juzgado Penal, una vez que tuvimos toda la documentación que acreditaba para nosotros la estafa y denunciamos a Sansuerro, a Olga Ciminelli, que es la persona que trabaja con Sansuerro y, también, a Iturburu, que es hijo de la compañera de Sansuerro que también estaría involucrado en la maniobra”. La Defensora del Pueblo manifestó su deseo: “Espero que se siga con la misma linea en otros juzgados de la provincia donde también se están sustanciando causas penales contra Sansuerro porque, también, presuntamente estaría estafando a la gente en San Antonio, en General Roca y en Viedma”.
“Espero que sea el primer dictamen de un montón de dictámenes satisfactorios -mencionó la Defensora- que tiendan a castigar a aquellos que hacen uso del dinero público y de las relaciones que tienen con los miembros del gobierno para estafar a las personas”.
Por otra parte, la Defensora del Pueblo resaltó que en todo esto hay una gran responsabilidad por parte del IPPV, porque el IPPV terceriza el derecho que todos los ciudadanos tienen de adquirir una vivienda. El IPPV ha tercerizado en estos sindicatos la construcción de las viviendas. De manera que también es co responsable de los resultados que tienen aparejadas estas malas gestiones y estos engaños que lleva adelante, en este caso, Sansuerro.
“El IPPV cuando terceriza un servicio tiene que controlar que ese servicio se preste como corresponde, con el respeto hacia el ciudadano y cumpliendo la ley”. “Si el IPPV hubiese estado atento, hubiese visto que en los contratos Sansuerro pone que la vivienda se la va a hacer con un convenio que ya tiene con el IPPV y un cupo asignado para realizar esas viviendas, hecho que el IPPV dice que es mentira. No obstante Sansuerro usa a la institución y el IPPV tiene la obligación de controlar permanentemente lo que está haciendo el Sindicato con la gente porque el deber de garantizar la vivienda digna la tiene el Estado”.
Además, la Defensora Dra. Piccinini dijo: “Sansuerro sigue vendiendo lotes y persigue a las personas para que le pague las cuotas. Les pido a los ciudadanos que no le compren terrenos y no le paguen más ninguna cuota.Yo lo he denunciado por estafa, entonces sepan todos los ciudadanos que los van a estafar, no le paguen hasta que se termine la causa y se sepa efectivamente si se lo condena o no”.
Finalmente la Defenosra contó: “Recorro día a día todos los lugares de la provincia, converso con cada ciudadano en forma particular y puedo decir que la gente está desesperada por una vivienda”.
“Hay sectores, colectivos sociales, que están totalmente excluidos de la posibilidad de acceder a una vivienda”.
“Le he advertido al Gobernador de la provincia que él debe tomar cartas en el asunto, tiene que salir a buscar tierras en los municipios, tiene que salir a buscar empréstitos y créditos blandos para los jóvenes trabajadores que quieren hacerse su vivienda. Y este es un tema tan importante que no lo podemos dejar en manos de los intendentes, a ellos los tenemos que acompañar”.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Río Negro, Argentina.