Los derechos humanos no sólo son un tema de agenda nacional e internacional, sino uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.
Durante los últimos años se ha trabajado para fomentar una cultura de protección a los derechos humanos, pero fue en 1991 cuando la comunidad internacional redactó los «Principios de París» que establecían las tareas y responsabilidades que debían asumir las instituciones nacionales encargadas de esta labor.
Los ordenamientos puntualizaron que los organismos deberían estar facultados para promover y proteger los derechos humanos, señalar al gobierno las violaciones a estos, representar a los países ante organismos con tareas similares a nivel internacional y colaborar con ellos, elaborar informes, entre otras obligaciones.
México se apropió de estos lineamientos de forma inmediata. La Dirección General de Derechos Humanos, que dependía de la Secretaría de Gobernación federal, fue transformada en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En 1992 los legisladores federales adicionaron el Apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que aprobó elevar a la Comisión a rango constitucional. Esta reforma permitió a los Congresos de cada entidad federativa crear organismos locales.
Para asumir la instrucción, el Poder Ejecutivo de Estado de Puebla envió a los diputados locales una iniciativa con el decreto que contenía la Ley que Crea la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.
El 14 de diciembre de 1992, la Quincuagésima Primer Legislatura aprobó los 64 artículos que integraron la Ley, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla cuatro días después.
A seis meses de este hecho el Congreso local nombró al primer presidente de la institución, en tanto que el gobierno estatal designó a los 10 miembros de su Consejo, pero fue hasta el 6 de septiembre cuando inició labores. Para afianzar su posición entre los poblanos, el funcionamiento del organismo enfrentó varios procesos.
En la primera etapa la institución conservaba cierta dependencia con el Poder Ejecutivo. Para el proceso de selección del presidente, el gobernador enviaba al Congreso una terna, los perfiles eran analizados por los diputados para después elegir al titular.
En la segunda etapa y tras siete años de trabajo, las reformas constitucionales del 13 de septiembre de 1999, equipararon la operatividad de la Comisión estatal con la nacional. El 24 de marzo de 2000 se expidió la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
A partir de entonces el Ejecutivo dejó de enviar una terna al Congreso, ahora los interesados en participar se postulan ante el Poder Legislativo, quienes analizan los perfiles y escuchan la opinión de universidades, asociaciones civiles, colegios y organizaciones de la sociedad civil, para elegir al presidente y a los integrantes del Consejo Consultivo.
El nombre de la institución también cambió a Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP).
La tercera etapa de la institución se dio cuando el Congreso Constituyente local aprobó, el 25 de julio de 2011, diversas reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla relacionadas a derechos humanos.
Fue entonces cuando Adolfo López Badillo, encabezó los trabajos en el organismo, dándose significativos avances legislativos en materia de derechos humanos.
La reforma en el artículo 142 permitió que la CDHEP fuera reconocida por la constitución local como un organismo público autónomo; con personalidad jurídica y patrimonio propios; dotado de autonomía operativa, de gestión, decisión y presupuestaria; con la facultad de conocimiento de quejas presentadas por presuntas violaciones a los derechos humanos, por acción u omisión, cometidas por autoridades locales, o de cualquier otro servidor público, de naturaleza administrativa.
Si bien los avances legislativos han sido amplios, en cuestión operativa, a lo largo de su historia, la CDHEP implementó diversas estrategias para mejorar su servicio a la sociedad.
En un inicio la atención a la población del interior del estado se realizaba a través de visitadores itinerantes. Para mejorar el servicio se establecieron dos oficinas regionales en los municipios de Cuetzalan y Tehuacán. En la presente administración hubo la necesidad de instaurar dos oficinas más, una en Izúcar de Matamoros y otra en Huauchinango.
En la actualidad, en materia de prevención y capacitación, la CDHEP centra sus labores de atención a grupos en situación de vulnerabilidad a través de los programas: Atención a Migrantes; Adultos Mayores y Discapacidad; Mujer y Niñez; VIH/SIDA; Indígenas; Penitenciario, entre otros.
Hoy por hoy, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla tiene el compromiso de promover la Cultura de la Legalidad, a través de un equipo de profesionales comprometidos con los principios y valores institucionales, y siempre buscando el respeto a la dignidad humana.
FUENTE: Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla