Por violentar el derecho a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica, así como a la integridad y seguridad personal de un manifestante, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) pidió al edil de Tehuacán que subsane las afectaciones cometidas por elementos de la Policía Municipal que detuvieron al agraviado; a su vez solicitó la colaboración de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que continúe con la investigación iniciada por estos hechos.
A través de una nota periodística, se difundió que agentes municipales detuvieron a una persona mientras se manifestaba de manera pacífica; el organismo tuvo conocimiento de los hechos por lo que intervino de oficio y en el curso de la integración recibió la queja del agraviado como consta en el expediente 2998/2013-I.
La CDH Puebla solicitó un informe de dos detenciones contra la misma persona en días diferentes. En respuesta el edil refirió que en el primer caso los elementos se percataron de que el manifestante obstruía el paso, por lo que solicitaron su retiro, sin embargo se puso «violento y empezó a agredir a la autoridad» por lo que fue asegurado.
Días después los agentes detuvieron al quejoso de nueva cuenta por los mismos motivos, aunque en esta ocasión actuaron a petición de otra persona y sin uso excesivo de la fuerza pública, según aseveró el edil en su informe; no obstante la CDH Puebla constató a través de una videograbación que la información de la autoridad carecía de sustento.
Lo anterior debido a que en el segundo material se observó que el asegurado no obstruía la vía pública ni agredió a los agentes, por el contrario se apreció que el policía es quien se acerca al detenido, que en ese momento tenía cinta canela en la boca, cartulinas con recortes de periódicos y otras con consignas para el presidente municipal de Tehuacán. A partir de ello entre 3 o 4 elementos le quitaron las cartulinas y lo trasladaron con uso de fuerza.
En ambos casos las evidencias en video y los informes de las autoridades se contradicen, pues los elementos no pudieron justificar jurídicamente las supuestas transgresiones a la ley cometidas por el manifestante, al tiempo de que las grabaciones y los exámenes médicos confirmaron el uso excesivo de la fuerza.
Para la CDH Puebla la libertad de expresión es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática, ya que permite la creación de la opinión, esencial para darle contenido a varios principios del estado constitucional como lo son algunos derechos fundamentales como: el derecho a la información, el derecho de petición o los derechos en materia de participación política. Aunado a que la Constitución mexicana lo reconoce, por tanto este derecho debe ejercerse sin que exista hostigamiento.
Por ello, la CDH Puebla emitió la recomendación 01/2014 en la que solicitó la colaboración de la PGJ para que de seguimiento a la averiguación previa iniciada por estos hechos. Al respecto convocó al alcalde para que colabore y otorgue información necesaria.
También pidió al edil de Tehuacán la reparación del daño a la salud ocasionada al manifestante, así como la devolución de la sanción económica fijada en 100 pesos, que pagó de manera indebida.
Para evitar actos similares, la Comisión solicitó al edil que los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, se capaciten en materia de derechos humanos, respeten la libertad de expresión, que documenten las detenciones y elaboren los partes informativos y puestas a disposición que realicen.
El organismo pidió que el juez Calificador de Tehuacán se sirva observar debidamente el procedimiento administrativo que establece el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tehuacán, a fin de que no incurra en violaciones a derechos humanos, como en el presente caso.
A lo anterior se suma la petición de colaborar con la CDH Puebla para que se inicie una queja ante la Contraloría Municipal en contra de los policías involucrados en ambas detenciones, así como del juez Calificador.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla