La Defensoría del Pueblo repudió las amenazas recibidas en las últimas semanas por el Juez Carlos Rozanski y su equipo de trabajo en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad que el Tribunal que preside viene llevando adelante desde hace más de diez años. Asimismo, manifestó su preocupación y rechazo por el ataque sufrido por un testigo de identidad reservada de un juicio de lesa humanidad y su custodio, en la localidad platense de Hernández.
Ante las sucesivas intimidaciones a él y su equipo, Rozanski pidió esta mañana la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que proteja a los funcionarios de su juzgado que recibieron amenazas.
El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, solicitó que la Corte «en ejercicio de sus poderes implícitos y de superintendencia asegure a todos los funcionarios que se desempeñan en el TOCF1 la necesaria seguridad personal y tranquilidad de ánimo para brindar el servicio de justicia».
Tal como contó Rozanski, las amenazas comenzaron desde la lectura del fallo del juicio al represor Miguel Etchecolatz y se acrecentaron en las últimas semanas, en paralelo a la lectura de los fundamentos del fallo en el juicio de «La Cacha», por el que se condenaron a 15 represores de la dictadura militar.
En tanto, ayer se conoció el ataque que sufrieron un testigo de identidad reservada en un juicio por lesa humanidad y el efectivo policial que lo custodiaba en su domicilio. Durante la madrugada del domingo, un grupo de seis personas vestidas de civil que portaba armas largas, baleó el frente de su casa. Ante la resistencia del custodio, este fue llevado a un descampado donde primero fue sometido a un simulacro de fusilamiento y luego recibió un tiro en el hombro.
El Secretario General a cargo de la Defensoría, Marcelo Honores, consideró que ambos hechos son «alarmantes e inaceptables en un marco de plena vigencia del sistema democrático», e instó a los organismos competentes «a adoptar las medidas necesarias para resguardar la integridad de los denunciantes».
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires