A través de su Observatorio de Violencia de Género (OVG), la Defensoría del Pueblo provincial destacó la pronunciación de la máxima autoridad judicial bonaerense, que solicita se privilegie el otorgamiento de las unidades disponibles del sistema de monitoreo electrónico a «mujeres embarazadas y/o con hijos menores de 5 años, los adultos mayores de 50 años y personas con padecimientos de enfermedades graves y la situación de aquellos detenidos/as con prisión preventiva prolongada siempre atendiendo a los delitos en juego».
Mediante la Resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SDHNª167/12), se pone en conocimiento de los magistrados del fuero penal la información sobre las unidades disponibles del sistema de monitoreo electrónico de personas privadas de la libertad. Según consigna en el escrito la SCJBA, el Ministerio de Justicia de la Provincia informó que «sobre un total de 1.000 unidades de pulseras magnéticas existentes se encuentran incorporadas al sistema de monitoreo electrónico 499 internos, existiendo en disponibilidad otros 501 equipos, con capacidad de amplían en forma inmediata el servicio en caso de que éste sea ocupado en su totalidad».
Esa disponibilidad, solicita la Suprema Corte, debiera ser otorgada a la población carcelaria más vulnerable del Sistema Penitenciario Bonaerense, como son las mujeres embarazadas y/o con hijos menores de 5 años, los adultos mayores de 50 años y personas con padecimientos de enfermedades graves y aquello/as detenidos/as con prisión preventiva prolongada.
La resolución del máximo tribunal provincial va en línea de con una de las estrategias surgidas de la investigación realizada por el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires conjuntamente con el equipo de Antropología Política y Jurídica de la Universidad Nacional de Buenos Aires durante los años 2012 y 2013. Allí, se formularon diferentes estrategias con el fin de hacer efectivo el uso privilegiado de medidas alternativas a la prisión para mujeres con hijos a cargo y/o embrazadas.
De las recomendaciones emergidas de la investigación «El ejercicio de la maternidad de mujeres encarceladas en unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires» se encontraba la sugerencia de una resolución que priorizara el uso de medidas alternativas a la prisión de mujeres con hijos y embarazadas alojadas en unidades carcelarias, tal como viene a hacerlo la Suprema Corte con la 167/12.
A partir de este trabajo, el OVG mantuvo reuniones en forma regular con la Secretaria de Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad dependiente de la SCJBA y organizó mesas de trabajo con funcionarios del SPB, del Ministerio de Justicia, la Procuración General de la SCJBA y con responsables de la Secretaria de Niñez y Adolescencia a los fines de generar espacios de articulación entre las instituciones y organismos intervinientes en la problemática.
Es preciso señalar que la reciente Resolución de la SCJBA señala entre sus fundamentos «la recepción de Informes de otras dependencias de la administración pública que dan cuenta del aumento de personas detenidas» y la necesidad de revisar el pedido de medidas alternativas a la prisión.
La realidad de las madres en las cárceles bonaerenses
La Unidad Nª 33 de Los Hornos aloja al 26% de la población carcelaria femenina de la provincia de Buenos Aires y refleja la relación entre condenadas y procesadas que se reproduce en el resto de las unidades provinciales: del total de 286 mujeres, 196 están procesadas y 89 condenadas.
Del universo total de mujeres madres de la Unidad Nº 33, solo 70 de ellas conviven con sus hijos/as menores de 4 años. Debido a que las autoridades no llevan un registro de esta información, se desconoce el número absoluto de niños y niñas afectados y el porcentaje de mujeres encarceladas con hijos/as.
Si bien la problemática de los niños/as que conviven con sus madres en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires resulta ser preocupante, en tanto las condiciones de detención en las que se encuentran, no resultan ser las adecuadas para el efectivo ejercicio de sus derechos, «dicha problemática debe considerarse como parte de las implicancias que la detención de una mujer produce en relación a los vínculos con todos sus hijos de aquellos que conviven con ellas en prisión y los hijos extramuros».
En el informe presentado por el OVG, se remarcaban los efectos que el uso extendido de la prisión preventiva produce en las mujeres madres, lo cual traspasa la propia individualidad de la mujer «y se trasladan a sus redes vinculares y comunitarias». «En el caso de las mujeres, tiene un impacto diferenciado vinculado al rol que ellas desempeñan en nuestras sociedades, que se caracteriza, en la mayoría de los casos, por mantener los lazos familiares y ocuparse de forma preeminente de la crianza de los hijos y del cuidado de otros. Este rol social hace que la mujer sufra en mayor medida los efectos del encierro, ya que éste significa el desmembramiento del grupo familiar y su alejamiento».
Teniendo en cuenta estos efectos, el OVG manifestó en la investigación la importancia de implementar el uso de pulseras magnéticas y otras medidas alternativas a la prisión para el caso de madres: «Dada las particulares características que ha de adoptar el régimen de detención domiciliaria para el caso de mujeres madres, para este OVG sería recomendable que los jueces prioricen para estos casos, el uso de pulseras magnéticas. La adopción y evaluación del uso de este instrumento, no debería quedar en el marco de las competencias del Servicio Penitenciario como ocurre en la actualidad, en la provincia de Buenos Aires, sino en el ámbito judicial. A fin de que sean lo órganos de justicias quienes meritúen la viabilidad de su otorgamiento. Para ello, los magistrados, deberían contar con información periódica acerca de la cantidad de pulseras disponibles. Esta información en la actualidad no es recibida por los magistrados.»
En el informe surgido de la investigación, los equipos del OVG y de Antropología Política y Jurídica de la UBA señalaban que «el aumento sostenido en los últimos años de mujeres detenidas en cárceles provinciales se debe al impacto diferenciado que han producido decisiones sobre la política criminal» y que una de las causales ha sido el impacto que produjo «el dictado de determinadas leyes y sus efectos diferenciados en su aplicación, según se tratara de mujeres o varones».
«A partir de la desfederalización en materia de estupefacientes (Ley N° 23.737) –continúa el informe- se ha producido en la provincia de Buenos Aires un aumento significativo del número de mujeres detenidas, constituyendo actualmente la principal causa de encarcelamiento femenino». De esa población femenina, la mayoría son madres, por lo que resulta importante destacar que, según lo informado al OVG por parte del Servicio Social de la Unidad N°33 de La Plata, «aproximadamente el 90% de estas mujeres son madres y que las mismas tienen entre 3 y 5 hijos aproximadamente», una proporción que se mantiene en otras cárceles que alojan mujeres.
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-Para accceder a la presentación del OVG ante la Suprema Corte de Justicia, hacé clic aquí.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires