Además de los graves problemas de infraestructura y sobrepoblación, Defensor del Pueblo evidenció la grave crisis que padece el sistema penitenciario: hay más de mil casos de TBC.
Funcionario propone Hoja de Ruta al Ejecutivo. Hasta julio del 2011, cárceles albergan 48,858 personas, privadas de libertad, lo que implica una sobrepoblación de 70%. Solo se dispone de 23 médicos y un psiquiatra en todo el ámbito nacional. Existen 179 personas con trastornos mentales que no reciben adecuada atención.
En el curso de la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), el Defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega Luna, presentó el Informe Defensorial N° 154, “El Sistema Penitenciario: componente clave de la seguridad y la política criminal. Problemas, retos y perspectivas”, elaborado por el Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas com Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.
El referido documento contiene los resultados de la supervisión defensorial de los 66 establecimientos penitenciarios del país, sobre la base de la información estadística proporcionada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la visita directa en 35 cárceles (entre enero y julio del año en curso) y el monitoreo permanente que efectúa la institución en todo el territorio nacional.
“Deseamos que existan cárceles seguras, ordenadas y que permitan reinsertar a las personas privadas de libertad a la sociedad. No podemos permitir que se conviertan en un depósito infrahumano, en una fábrica de la delincuencia, porque esto afecta gravemente al derecho a la seguridad ciudadana de los niños, jóvenes y de la sociedad en su conjunto”, señaló Vega.
Entre los resultados más importantes del Informe destacan –explicó el Defensor del Pueblo– el hecho de que la población penitenciaria, a julio del 2011, este conformada por 48,858 personas privadas de libertad en 66 establecimientos penales, que solo pueden albergar hasta 28,689 reclusos. En otras palabras, existe una sobrepoblación del 70%. Además se refirió al evidente deterioro de las condiciones, servicios, tratamiento y seguridad en los penales, una situación que se origina en la no priorización de esta problemática en las políticas públicas de seguridad ciudadana del Estado.
En lo concerniente a la infraestructura penitenciaria, de los 66 establecimientos penitenciarios, 25 se encuentran en mal estado, 29 en situación regular y 12 en buen estado de uso. En los últimos 14 años (desde 1997), la población penitenciaria se ha incrementado en un 100% (de 24,297 a 48,858). En los últimos años, el incremento anual promedio asciende a 2,800 reclusos, una realidad que demanda un planeamiento penitenciario que contemple necesariamente la construcción de dos establecimientos penitenciarios por año.
Asimismo, Vega abordó el tema de la carencia de material logístico adecuado para realizar, en forma eficiente, el control de las personas que ingresan a los establecimientos penitenciarios como visitantes, lo cual favorece el ingreso de objetos prohibidos (drogas, armas y celulares). Solo una de las 66 cárceles existentes cuenta con un sistema informático de control de huellas dactilares para los visitantes y solo dos disponen de equipos de rayos X operativos para la revisión corporal.
Por otra parte, el funcionario dijo que a la institución le preocupa el hecho de que, desde el año 2006, el sistema penitenciario solo cuenta con 63 médicos, un número que no ha variado, a pesar del incremento de la población de reclusos hasta en un 33.98%. Además, se ha verificado que 28 establecimientos penitenciarios carecen de personal médico y que gran parte del número de penales en donde se han habilitado ambientes para la atención médica requiere un mantenimiento integral y reequipamiento.
Vega subrayó que una muestra de esta crítica situación es el hecho de que, a julio del 2011, se registran más de 1,200 casos de TBC, de los cuales 50 corresponden al tipo multidrogo–resistente. En el caso del VIH/Sida, existen 540 personas con VIH. Estos datos resultan preocupantes porque la prevalencia de TBC es, aproximadamente, 20 veces superior en las prisiones que en el exterior. En el caso de VIH/Sida, la prevalencia en los penales es tres veces mayor que en la comunidad libre.
El funcionario sostuvo que otros grupos vulnerables –cuyas necesidades deben ser atendidas por la administración penitenciaria– están constituidos por las personas privadas de libertad con enfermedades de salud mental (179) que no reciben un tratamiento médico adecuado. En estos casos se evidencia una falta de coordinación con las autoridades del Sector Salud para su debida atención.
En lo que atañe a la corrupción en las cárceles, el Defensor del Pueblo señaló que se trata de un grave problema. Precisó que se han identificado “zonas de riesgo”, donde se desarrolla la corrupción, y que es necesario erradicar, principalmente, en la tramitación administrativa de los beneficios penitenciarios, la clasificación y ubicación de los internos al interior del penal, la visita a los reclusos y la revisión personal o de los paquetes que ingresan a los penales.
El Defensor del Pueblo afirmó que, en atención a lo señalado, se ha propuesto una serie de recomendaciones, principalmente, al Ministerio de Justicia y al Presidente del Consejo Penitenciario, para que se formule un plan de reforma penitenciaria 2012– 2021, y que se disponga la construcción de 10 penales en los años venideros.
Vega Luna manifestó que “es necesario y fundamental contar con un plan coherente, sostenido, con metas claras y mensurables, para lograr una reforma penitenciaria seria y profunda, como lo requiere la actual crisis que encara nuestro sistema penitenciario”.
En este plan se recomienda evaluar una propuesta de modificación penal para encuadrar la conducta lesiva de personas naturales, servidores, funcionarios penitenciarios y miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) que promuevan o faciliten el ingreso de armas y objetos prohibidos a los establecimientos penitenciarios del país, como una modalidad de los delitos contra la seguridad pública (artículo 281º del Código Penal).
Vega Luna resaltó la necesidad de elaborar un proyecto de “Ley de Reinserción Social” que permita unificar, de modo coherente y racional, las normas que regulan los beneficios penitenciarios previstos en el ordenamiento jurídico (semilibertad, liberación condicional y redención de penas). En lo que respecta al Plan de Reforma, se debería priorizar –entre otros aspectos la aprobación del Reglamento de la Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, programas de capacitación permanente y de salud ocupacional para el personal.
Además se incluye la elaboración de los estudios de inversión para la construcción de 10 nuevos establecimientos penitenciarios, a fin de reordenar la población penitenciaria y reducir los niveles de hacinamiento y sobrepoblación. De igual modo se ha recomendado al Presidente del Consejo de Ministros, crear una “Comisión Multisectorial para diseñar una política pública dirigida a la intervención y reinserción social de las personas con trastornos mentales declaradas inimputables”, como una entidad que coordinará las estrategias de acción en la materia.
Al Poder Judicial se le propone restablecer la figura del Juez de Ejecución Penal y Vigilancia Penitenciaria, a fin de introducir el control judicial en la ejecución de la pena y medidas de seguridad. Al Ministro de Economía y Finanzas se le recomienda adoptar las medidas necesarias para incrementar, gradualmente, el presupuesto destinado a la administración penitenciaria.
Asimismo se recomienda al Director de la PNP que designe, tanto a la Dirección de Seguridad de Penales (Dirsepen) como a la División de Diligencias Judiciales, un número razonable y proporcional de efectivos policiales, a fin de que se cumpla con eficiencia y seguridad las diligencias de traslados.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú