La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales correspondiente al mes de setiembre, el cual da cuenta de quince conflictos sociales originados con motivo del actual proceso de elecciones regionales y municipales 2010. La mayoría de estos casos se deben a cuestionamientos por la reelección de la autoridad local en medio de denuncias por supuestos “electores golondrinos”.
Los conflictos electorales más graves se han presentado en las provincias de Atalaya (Ucayali) y Sullana (Piura), donde, a causa de la violencia generada, el personal de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales se trasladó a otra ciudad, quedando suspendidos los procesos de cómputo de actas en dichos distritos electorales.
En general, del total de conflictos sociales registrados a septiembre del 2010, 171 se encuentran activos (68%), en tanto que 79 se hallan en estado latente (32%). Además se da cuenta de 23 acciones colectivas de protesta en todo el ámbito nacional y una acción de violencia subversiva.
En total se han registrado 17 casos nuevos en setiembre. De ellos, 15 son conflictos electorales ubicados en Ancash (seis), Lima (cuatro), Lambayeque (dos), Ucayali (dos) y Piura (uno). Además, hay un nuevo caso socioambiental en Madre de Dios y otro por asuntos de gobierno local el Puno.
Durante el noveno mes del año, tres conflictos se han reactivado. Estos se ubican en Cusco, Puno y Tacna. El conflicto electoral reactivado en Puno se encontraba previamente en el registro de casos en observación, precisa el documento elaborado por la Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo.
El reporte señala que seis conflictos se han resuelto durante el mencionado período. Tres de ellos son conflictos socioambientales, dos son por asuntos de gobierno local y uno laboral. Uno de ellos, en Apurímac, se resolvió gracias a la implementación de los acuerdos suscritos entre una compañía minera, el gobierno regional y la comunidad. En Junín, se resolvió un conflicto al vencer la concesión temporal para estudios de prefactibilidad de la central hidroeléctrica de Paquitzapango.
Con relación a los tipos de conflicto, el Reporte de Conflictos Sociales Nº 79 precisa que, del total de conflictos registrados este mes, 121 casos (el 48%) son socioambientales. A éstos se suman 31 casos correspondientes a asuntos de gobierno local (12%), y 21 casos por asuntos de gobierno nacional (8%), entre otros.
Cabe destacar que, durante el mes de septiembre, 92 casos continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo (el 54% del número de casos activos). Además, destacan el caso socioambiental en Carhuayoc (Ancash) entre el centro poblado del mismo nombre y una empresa; y el caso socioambiental en la comunidad campesina de El Tingo (Cajamarca) entre la comunidad y una empresa; en ambos casos, llegaron a importantes acuerdos mediante el diálogo.
El Reporte Nº 79 de Conflictos Sociales registra un total de 217 actuaciones defensoriales, de las cuales 180 corresponden a acciones de supervisión preventiva y 23 de intermediación. Se realizaron 14 acciones de defensa legal.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo exhorta a los actores sociales de las regiones de Cusco, Puno, Arequipa, Ayacucho, Loreto y a las autoridades y entidades competentes a garantizar el desarrollo pacífico de la denominada “Marcha de los Pueblos” anunciada para el 12 de octubre en la ciudad de Lima, relacionada a la aprobación de la Ley de Consulta Previa, la no privatización de los recursos naturales en territorios indígenas, y al reclamo por la exportación del gas de Camisea, entre otros.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú.