La Defensoría del Pueblo reiteró hoy la necesidad de declarar en emergencia el sistema de reinserción social de los adolescentes infractores en atención a la situación crítica de los Centros Juveniles a nivel nacional como consecuencia del alto deterioro de su infraestructura, los limitados recursos humanos, servicios básicos y en posibilidades de tratamiento, además de encontrarse sobrepoblados.
En oficio dirigido al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zevallos, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, ha advertido que actualmente los 9 Centros Juveniles existentes en todo el país albergan un total 2088 adolescentes infractores, empero su capacidad de alojamiento solo alcanza las 1665 plazas, esta cifra evidencia una sobrepoblación que alcanza el 25.4%.
La sobrepoblación genera un impacto negativo en el funcionamiento de los programas de tratamiento al adolescente, dificultando con ello su proceso de resocialización. La evidencia más clara de este problema es el reducido personal dedicado a estas labores (psicólogos, trabajadores sociales y educadores).
La infraestructura de los centros juveniles supera en promedio, los 50 años de construcción y en su mayoría no fueron diseñados para albergar adolescentes privados de libertad. Son graves las deficiencias en los servicios de agua, desagüe, energía eléctrica y otros, exponiendo a un grave riesgo para los adolescentes, trabajadores y visitas. En materia de salud, tan solo cuentan con un médico, careciendo de medicamentos y de ambulancias. No es mejor la situación del servicio de alimentación al resultar precarias las condiciones de salubridad de las áreas de cocina.
El documento defensorial también recuerda que la seguridad de los Centros Juveniles se encuentra comprometida al carecer de equipos para la adecuada revisión de paquetes y visitas.
Ante la situación expuesta, consideramos necesario y urgente que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ente a cargo de los Adolescentes Infractores, adopte las acciones que permitan superar esta situación de forma integral. La trasgresión de los señalamientos constitucionales y compromisos internacionales en materia de protección de niños y adolescentes (Convención sobre los derechos del Niño) es patente, lo que genera responsabilidad al Estado Peruano en su conjunto.
La Defensoría del Pueblo considera necesaria la declaratoria de emergencia del sistema de reinserción social, a fin de que sea posible su completa restructuración. Además, recomendamos se concrete la aplicación del Nuevo Modelo de Tratamiento Diferenciado del adolescente, entre en vigencia plena el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su reglamento y se implemente el Programa Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ.
Nota de Prensa Nº 152/OCII/DP/2019