Entre enero y diciembre de 2018, la Defensoría del Pueblo identificó tres casos de afectación arbitraria al derecho a la vida, producidos principalmente en establecimientos penitenciarios y en el Ejército. Asimismo, se conoció de 223 casos de afectaciones al derecho a la integridad personal, seis en la modalidad de tortura, 174 como maltrato físico o psicológico, 20 como trato cruel, inhumano o degradante, 21 como uso desproporcionado de la fuerza pública, y dos como vulneración al trato preferente hacia mujeres embaraza¬das, niños y niñas y personas adultas mayores.
Ante esa realidad, la Defensoría del Pueblo recordó que el Estado Peruano tiene el compromiso nacional e internacional de prevenir y combatir la tortura, y otros malos tratos, tras haber ratificado la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas (Uncat) y por haber incluido en la legislación la figura de la tortura, mediante la Ley N° 26926, que modifica diversos artículos del Código Penal e incorpora el título referido a los delitos contra la humanidad.
La afectación a los derechos mencionados son un motivo de especial preocupación para la Defensoría del Pueblo, en su labor como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, al presentarse de forma reiterada, en espacios vinculados a personas privadas de libertad, como los establecimientos penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), dependencias de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, en los que se ha advertido también un crecimiento de las quejas.
En esta línea, desde la Defensoría del Pueblo, en el marco del Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura, que se conmemora cada 26 de junio, reiteramos nuestro compromiso de actuación para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Recordamos a las víctimas, a sus familiares y a la población en situación de mayor vulnerabilidad que, frente a estos actos, mantenemos nuestro compromiso institucional con ellas, a quienes orientamos en el ejercicio de su derecho a la justicia, la verdad y a la reparación integral.
Actualmente, el Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura (Opcat) y la Ley Nº 30394, que amplía las funciones de la Defensoría del Pueblo como órgano encargado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, comprometen al Estado peruano a tomar medidas preventivas para garantizar y resguardar la integridad, dignidad y vida de las personas que se encuentran en espacios que constituyan un riesgo para la comisión de estos actos.
Nota de Prensa Nº 195/OCII/DP/2019