Defensor del Pueblo exhorta a entidades del Estado a investigar recientes denuncias por actos discriminatorios.
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, rechazó las prácticas discriminatorias que son objeto de denuncias recientes en diversos medios de comunicación contra trabajadoras del hogar y personas afroperuanas.
“Lamentablemente, continuamos observando comportamientos que demuestran los prejuicios y ‘preconceptos’ racistas y discriminatorios que refuerzan sentimientos de rechazo, que no contribuyen a un clima de tolerancia y respeto entre las personas”, subrayó.
Sin ocultar su malestar por estas manifestaciones recurrentes, el funcionario sostuvo que la discriminación debe ser desterrada del ámbito público o del privado, y que no se puede hacer distinciones que afecten la dignidad, el respeto y los derechos. Agregó que luchar contra este flagelo requiere el compromiso enérgico del Estado y de la sociedad en su conjunto y exhortó a las entidades del Estado competentes a investigar estos casos, a establecer las sanciones que correspondan y a adoptar las medidas pertinentes para que estos actos no se repitan.
El funcionario recordó que las prácticas discriminatorias no solo son pasibles de recibir sanciones administrativas, sino que constituyen delitos que conllevan penas privativas de la libertad, que deben ser evaluadas en estos casos. “En el país se han producido dos sentencias condenatorias por delito de discriminación en las ciudades de Lima y Arequipa, que constituyen precedentes importantes. No obstante, es necesario realizar mayores esfuerzos para sancionar estas conductas, y, a su vez, prevenirlas. En un país que busca el desarrollo integral, no se puede admitir actos que vulneren la dignidad y los derechos de las personas”, preciso Vega.
Por su parte, Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos, señaló que en la labor de prevención resulta fundamental la actuación de los gobiernos regionales y locales, de las fiscalías de prevención del delito, así como del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual (Indecopi), entre otras entidades.
En esa medida, la funcionaria señaló que la Defensoría del Pueblo viene solicitando información a los gobiernos regionales y municipales a nivel nacional sobre las acciones que se están ejecutando en sus jurisdicciones, a partir de las ordenanzas emitidas sobre discriminación, que suman más de 50. “Creemos importante que se emitan normas para prevenir estos actos, pero esto por sí solo no basta, pues deben acompañarse de acciones preventivas y sanciones efectivas”, acotó.
Por otro lado, Vignolo precisó que, en lo que va del presente año, la Defensoría del Pueblo ha recibido ocho quejas por presuntos actos discriminatorios, pero que en los últimos años la institución ha podido conocer más de 100 casos.
“Estas cifras no reflejan la magnitud del problema social que nos afecta porque, muchas veces, las personas no denuncian estos hechos por vergüenza, temor o desconocimiento. En razón de ello, estamos realizando diversos talleres, ferias informativas de capacitación, pero, a la vez, eventos de sensibilización con los servidores públicos. Nuestro propósito es prevenir hechos que afecten el principio de igualdad y no discriminación en las actuaciones del Estado”, afirmó la funcionaria.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú