Se refirió a los problemas que presenta el sistema de justicia en la tramitación de los procesos judiciales por violencia de género.
Destacó el rol que deben cumplir los magistrados y magistradas como garantes de los derechos de las mujeres víctimas de violencia.
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, planteó la necesidad de fortalecer la respuesta del sistema de justicia frente a los casos de violencia contra la mujer y sostuvo que en las supervisiones realizadas por esta institución se constató la existencia de problemas que suelen presentarse tanto en la investigación como en la sanción y reparación de los casos que llegan a conocimiento de los operadores y operadoras de justicia del país.
En tal sentido, Vega incidió en la necesidad de que la tramitación de los casos por parte de los jueces, juezas y fiscales se lleve a cabo desde una perspectiva protectora de las mujeres víctimas de violencia, para lo cual es necesario conocer y aplicar el principio de la debida diligencia, establecido en la Convención «Belém do Pará» –que fue ratificada por el Perú–, y desarrollado por la jurisprudencia internacional.
El Defensor del Pueblo abordó este tema en el curso de la Conferencia desarrollada en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional en materia de violencia contra la mujer, suscrito el 3 de mayo del presente año, entre la Defensoría del Pueblo y la Academia de la Magistratura, así como en el desarrollo de actividades por el XVIII Aniversario de esta última entidad. Cabe recordar que la finalidad de dicho convenio es diseñar e implementar cursos sobre violencia de género y derechos fundamentales.
Por su parte, la Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Carolina Garcés, destacó la importancia de esta primera actividad y afirmó que, de esta manera, se busca contribuir al cumplimiento del deber de garantizar los derechos de las mujeres, por parte del Estado peruano, así como la directa relación de la debida diligencia con el contenido del derecho fundamental al debido proceso y acceso a la justicia reconocido por la Constitución Política y tratados ratificados por el Perú.
Cabe señalar que las obligaciones internacionalmente asumidas por el Estado peruano se encuentran establecidas especialmente en la Convención «Belém do Pará», la cual señala que los Estados–Parte deben «fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer».
En dicha actividad participó, asimismo, la Directora de la Organización No Gubernamental Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), Jeannette Llaja.
Finalmente, en el marco de la Conferencia se presentó la Hoja Informativa «Construyendo la justicia de género», elaborada –conjuntamente– por la Academia de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, Demus y el Programa Nacional ComVoMujer de la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), cuya finalidad es informar respecto de la obligación e importancia de la formación de los operadores y operadoras de justicia del Perú en materia de género y derechos humanos de las mujeres.
FUENTE: Gabinete del Provedor de Justiça de Portugal