La Adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán-Zegarra, expresó su preocupación por que, a la fecha, no se registra una solución a la huelga médica que viene afectando a los pacientes en los diversos establecimientos de salud a nivel nacional, sobre todo a quienes se encuentran afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) y no tienen posibilidad de pagar por los servicios en otras instituciones.
Asimismo, la funcionaria recordó que la salud es un derecho humano y fundamental de toda persona, motivo por el cual, la atención sanitaria es un servicio público esencial, cuya interrupción puede poner en peligro no sólo la salud, sino también la integridad o vida de las personas.
La representante de la Defensoría del Pueblo señaló que, si bien en un contexto de huelga se exige la presencia de un número de profesionales en los servicios básicos, como emergencia, la falta de atención en los demás servicios por la paralización indefinida, compromete seriamente la salud de la población.
Por ello, manifestó su preocupación por las renuncias presentadas por los jefes de servicio de algunos establecimientos que si bien no afectan directamente la prestación del servicio, pueden ser seguidas de medidas radicales que como las «altas indebidas» o la «entrega de hospitales», que no harían más que agravar el daño ocasionado a los pacientes y traer como consecuencia procesos de investigación en la vía administrativa o judicial, con una eventual sanción. En ese sentido, Fernán-Zegarra, demandó la no desatención de los pacientes.
Además, recordó que el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL) representa una alternativa importante de atención ante la huelga médica. Sin embargo, sus servicios podrían verse sobrepasados en su capacidad de atención por lo que, demandó una solución urgente al tema de fondo.
Finalmente, exhortó a las partes involucradas a lograr un entendimiento a la mayor brevedad, evitando agravar el daño que se genera a las personas que requieren de una atención oportuna de los servicios esenciales del Estado.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Perú