- Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, presentó observaciones a iniciativa sobre gasto en publicidad del Estado.
- Actual normativa tampoco permite una eficaz fiscalización de los recursos públicos.
“No debe caerse en el falso dilema entre prohibir la contratación de medios privados y permitir que esta se siga llevando a cabo con una regulación deficiente”, manifestó hoy el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, durante su presentación en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República.
Durante la sesión, Gutiérrez expuso el análisis realizado por la Defensoría del Pueblo al proyecto de ley en mención y señaló que tanto la iniciativa en debate como la actual normativa sobre publicidad estatal no satisfacen el derecho de la población a estar informados ni el adecuado uso de los recursos públicos.
Refiriéndose al proyecto el Defensor del Pueblo recordó que en las zonas rurales solo el 15,6% de la población usa internet y menos del 2% accede desde su hogar. Si en la zona rural es donde se encuentra la mayor población en situación de extrema pobreza, es claro que no se cumplirá el objetivo de la comunicación.
Respecto a la vigente ley de publicidad estatal (N° 28874), que data de agosto del 2006, el Defensor del Pueblo manifestó que es injustificable que no se haya aprobado su reglamento en los 12 años transcurridos desde su emisión, lo cual imposibilita la necesaria claridad en los criterios de contratación de la pauta oficial. “La actual normativa no cumple con mecanismos de control suficientes para garantizar que el uso de medios privados se realice de forma eficiente y transparente”, afirmó.
El informe de la Defensoría del Pueblo concluye que la información es un bien público y sostiene que el debate debe centrarse en fortalecer la regulación vigente, precisando los criterios de selección, promoviendo la transparencia y optimizando los sistemas de control. Además, en tanto no se de una nueva norma, se recomienda al Poder Ejecutivo implementar un portal web que contenga la información general y detallada del gasto estatal en publicidad, permitiendo a la ciudadanía realizar la fiscalización del mismo.
Finalmente, recordó que es un deber de los medios de comunicación colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. Esta obligación debe extenderse a la difusión de información relevante en contexto de emergencia, como un desastre natural. Los medios de comunicación de radio y televisión tienen un compromiso mayor en la medida que para el desarrollo de sus actividades emplean el espectro radioeléctrico que es un bien de dominio público. La prensa no puede eludir su función social y debe reportar a la ciudadanía los asuntos de relevancia pública.