Las víctimas no reciben las medidas de protección adecuadas. La reparación civil no contempla el daño causado. Montos abarcan desde 200 hasta 1,500 nuevos soles.
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, expresó la necesidad de contar con protocolos de atención especializados para víctimas de violencia sexual, así como asegurar que cuenten con espacios de atención dotados de condiciones de privacidad auditiva y visual en la Policía Nacional del Perú (PNP). Asimismo, recomendó la creación de equipos especializados en la Unidad de Defensa Pública del Estado, a cargo del Ministerio de Justicia, que permitan proveer de defensa judicial a las víctimas.
Estas recomendaciones se formularon en la presentación del Informe de Adjuntía Nº 004-2011-DP/ADM, denominado “Violencia sexual en el Perú: Un estudio de casos judiciales”-. En dicho estudió se evidenció, entre otros temas, que las víctimas no reciben las medidas de protección adecuadas. Por ejemplo, en 15 de los 48 casos estudiados, las agraviadas son citadas a declarar entre dos y cinco veces.
Vega sostuvo que “la lucha contra toda forma de violencia contra la mujer, en especial la lucha contra la violencia sexual, es un objetivo que debe unirnos a todos. Sólo erradicando estos terribles actos, podremos avanzar en la construcción de una sociedad verdaderamente justa, inclusiva e igualitaria”.
En su momento, la Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán–Zegarra, manifestó que la violencia sexual perpetrada en contra de las mujeres mayores de 18 años es cometida, en su mayoría, por familiares, cónyuges, ex parejas y personas del entorno más cercano de la víctima.
“El mayor número de los procesados está constituido por varones de 18 a 40 años de edad, con instrucción, y que, al momento de los hechos, se encontraban desarrollando algún oficio o prestando algún servicio”, subrayó la funcionaria, tras precisar que los casos estudiados corresponden a 11 distritos judiciales (Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, Lambayeque, La Libertad, Moquegua, Piura, Puno, San Martín y Tacna).
Fernán–Zegarra explicó que en el 64,6 % de los casos, los delitos de violación sexual se cometieron con el empleo de la fuerza. Además, en el 20,8 % de los referidos casos, los agresores aprovecharon el retardo mental de la víctima, en tanto que en el 14,6 % emplearon algún tipo de fármaco o droga para realizar la violación. La funcionaria sostuvo que la información que hoy se presenta ha sido recogida de 48 carpetas judiciales, correspondientes a distritos en los que se está implementando el Nuevo Código Procesal Penal.
Este estudio también refleja que no se están dictando las medidas de protección para las agraviadas como, por ejemplo, la reserva del paradero de la víctima, el retiro del agresor del hogar, la prohibición de acercamiento por parte del victimario, entre otras. “En pocas ocasiones se acude de manera inmediata al lugar de los hechos, con lo que se pone en riesgo el recojo de evidencia importante. Además, en el 53.2 % de las ocurrencias, la medida de coerción adoptada con mayor frecuencia es la de comparecencia”, añadió la representante de la Defensoría del Pueblo.
Fernán-Zegarra sostuvo, adicionalmente, que los montos por concepto de reparación civil han sido fijados sin meritar adecuadamente el daño causado por el agresor a la víctima. “Las cantidades oscilan entre los 200 y 1,500 nuevos soles”, puntualizó. “Se requiere establecer los lineamientos para la toma de la declaración de la afectada con el objetivo de proteger su integridad emocional y garantizar, con la firma de un acta, que será informada sobre sus derechos durante el proceso”, agregó la funcionaria.
Finalmente, la representante de la Defensoría del Pueblo señaló que es necesario fortalecer la formación de los operadores de justicia penal en técnicas de investigación referidas a delitos sexuales, privilegiando el recojo de evidencias en la escena del crimen, teniendo en cuenta que éste se produce en espacios públicos y privados.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú