Según la Ley Nº 27718 está prohibido trasladar productos pirotécnicos en vehículos de transporte público.
La Defensoría del Pueblo demandó a las autoridades una mayor vigilancia del servicio de transporte de pasajeros para evitar que materiales peligrosos pudiesen trasladarse en dichos vehículos ocasionando accidentes como el ocurrido en Matucana, que dejó 12 personas muertas, luego de que estallasen los productos pirotécnicos que se encontraban en el vehículo en el que viajaban.
La jefa de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, Giannina Avendaño, recordó que la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC) es la entidad encargada de autorizar la fabricación, comercialización y transporte de artículos pirotécnicos, tanto de uso recreativo como industrial.
“De acuerdo al Reglamento de la Ley Nº 27718, Ley que regula la producción y comercio de estos productos, está prohibido el traslado de insumos y/o pirotécnicos en vehículos de transporte público de pasajeros”, subrayó la funcionaria.
En ese sentido, exhortó al Ministerio del Interior a establecer una mayor coordinación con la Superintendencia de Tránsito Terrestre (SUTRAN), así como con los gobiernos regionales y municipalidades provinciales, a fin de que durante las supervisiones del servicio de transporte de pasajeros se verifique el cumplimiento de las normas e impidan el traslado de dicho material que pudiese poner en riesgo la vida de la personas.
Asimismo, pidió a los gobiernos regionales y locales destinar personal para la inspección de dicho servicio, así como desarrollar más acciones de fiscalización, estableciendo puntos de control en las diferentes vías para que, en trabajo conjunto con la Policía de Carreteras, se asegure la calidad del servicio de transporte de pasajeros y se eviten hechos de este tipo. En cuanto a los propietarios de las empresas de transporte públicos y a los conductores de dichas unidades, los exhortó a no poner en peligro su vida ni de los pasajeros y cumplir con las normas en materia de carga peligrosa, pues su infracción constituye un delito penado por la ley.
Avendaño sostuvo que adicionalmente a las responsabilidades que se determinen en el accidente ocurrido en la víspera, la Defensoría del Pueblo apoyará a las víctimas en lo que sea necesario respecto a la tramitación de los gastos de atención médica que deben ser cubiertos por la empresa de transporte. Además, indicó que exigirá información a las autoridades correspondientes respecto a las medidas de prevención que se adoptarán en el tema.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú