La Defensoría del Pueblo sostuvo hoy que la lucha contra la inseguridad ciudadana no debe generar estigmatización ni discriminación contra la población migrante; por ello ante el anuncio de la creación de una brigada policial especializada en criminalidad de ciudadanos extranjeros, nuestra institución considera que las autoridades no deben relacionar a ningún sector poblacional con actividades ilegales por razones de origen o nacionalidad, porque ello representaría una práctica discriminatoria, inaceptable en un Estado Constitucional de derecho.
Al subrayar que las autoridades deben actuar sin importar su origen o la ciudadanía del delincuente, el adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, recordó que se ha reiterado en varias ocasiones, la preocupación en relación a expresiones de índole discriminatoria y xenófoba que han sido difundidas en medios de comunicación y han circulado en redes sociales, también ha exigido a las autoridades públicas de todo nivel evitar discursos y prácticas discriminatorias.
Recordó que el Estado Peruano, en su conjunto, está comprometido en la implementación de la Política Nacional Migratoria 2017-2025, ello implica que se asegure la integración de la persona migrante en nuestro país, garantizando la protección, atención y defensa de sus derechos humanos. Para alcanzar este objetivo se requiere promover un discurso público que impulse, en el marco del creciente fenómeno migratorio, la aceptación de las diferencias y hacer frente a los cambios sociales que se están produciendo.
“No dudamos que la creación de unidades policiales especializadas pueden constituir una medida efectiva en la lucha contra la criminalidad, pero delimitar como propósito de acción a los ciudadanos extranjeros vuelve objeto a estas personas de estereotipos que pueden estigmatizarlos y afectar gravemente sus derechos”, subrayó Castillo.
La Defensoría del Pueblo considera que la seguridad ciudadana es una condición primordial para el desarrollo de otros derechos y que por ello, la lucha contra la delincuencia –producida indistintamente por nuestros connacionales o extranjeros- compromete a todos los sectores públicos y les obliga a adoptar estrategias adecuadas y respetuosas de los derechos.