El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, y la Presidenta del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), Hebe Martínez –quienes asisten a una reunión que congrega a expertos internacionales en reforma procesal penal–, coincidieron en que los mecanismos de servicios previos al juicio constituyen una herramienta necesaria para una eficaz administración de justicia, pues se brinda información de calidad al juez y a las partes para la adopción de medidas adecuadas.
Durante su intervención, Eduardo Vega señaló que los mecanismos previos al juicio permiten reducir el número de presos sin sentencia, según la experiencia internacional. Asimismo, mostró su preocupación por la situación de las personas que se encuentran privadas de libertad en el Perú sin haber recibido una sentencia ya que, según dijo, esto vulnera sus derechos y genera un alto costo para el Estado. “El número de internos sin sentencia en nuestro país asciende a 27 mil 551 a febrero de este año”, subrayó Eduardo Vega. Más adelante señaló que esta situación se debe a que existen medidas privativas de libertad dictadas de manera desproporcionada. Por ello –sostuvo– es importante la continuidad de la reforma procesal penal que se está implementando en 16 distritos judiciales del ámbito nacional, con la que se busca obtener una justicia rápida, eficiente, oportuna y respetuosa de los derechos fundamentales.
Recordó que durante el año 2010, la Defensoría del Pueblo presentó un informe elaborado por el CEJA respecto a la aplicación de la prisión preventiva en el marco de la reforma procesal penal, el cual demostraba un uso más racional de esta medida por parte de los magistrados del Poder Judicial que trabajaban con el nuevo modelo procesal. “No obstante ello, aún se presentaban problemas al momento de dictar los mandatos de detención”, agregó.
Por último destacó la realización del Seminario Internacional “Servicios Previos al Juicio”, organizado con el objetivo de generar un espacio de discusión e intercambio de experiencias con especialistas de México y Estados Unidos de Norteamérica en torno a los “Servicios Previos al Juicio” (o “Pretrial Services”), un programa que se ejecuta con éxito en ambos países.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú.