El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, expresó su preocupación por las dificultades que afrontan las personas extranjeras para regularizar su situación migratoria en el Perú, razón por la cual resaltó la necesidad de contar con una nueva Ley de Extranjería que mantenga un equilibrio entre la protección de los derechos de las personas y las exigencias en materia de seguridad del Estado.
Durante la presentación del Informe de Adjuntía N° 009-2014 «Tratamiento de las Personas Extranjeras en el Perú. Casos conocidos por la Defensoría del Pueblo», el funcionario explicó que la actual normativa inmigratoria vulnera los derechos a la igualdad y la no discriminación porque excluye de la unidad familiar a los hijos solteros y a las convivientes; pese a que la Constitución reconoce la unión de hecho y le da efectos similares al matrimonio.
«Esto debe cambiar sustancialmente. El Perú requiere una política migratoria interna respetuosa de los derechos humanos. El crecimiento económico, la globalización y las crisis humanitarias seguirán propiciando la movilidad de miles de personas y el país tiene que garantizar el respeto de los migrantes», dijo el funcionario.
El documento analiza 167 quejas que involucra a 214 personas afectadas, de las cuales, 54% son varones y 46% mujeres. El 11% menores de edad. La mayoría pertenecen, al continente americano (97), Asia (43) y Europa (40). 28% tenían la condición de turistas, 17% familiares de residente y 6% visa de negocios. Del total de afectados, 47% tienen parentesco con un connacional y 10% con una persona extranjera residente en nuestro país. Ello muestra que las decisiones de migraciones impactan negativamente en muchos hogares peruanos conformados con personas extranjeras.
Entre otros datos, de las 214 personas afectadas, solo 31 tenían una condición irregular. De ellas, pese a que muchas ingresaron con una calidad migratoria arreglada a ley, devinieron en irregulares por una indebida actuación de la autoridad migratoria. «No se puede aceptar que personas migrantes que viven honestamente, vean frustadas sus aspiraciones de integración, por una obsoleta Ley de Extranjería, que en estos 23 años no ha sido reglamentada; pero es más grave aún, que la arbitrariedad, incorrecta interpretación de leyes o normas administrativas, por parte de funcionarios ineficientes, perjudiquen sus derechos fundamentales, como la unidad familiar, la salud, la educación o el trabajo», señaló Vega.
El Informe indica que 79% de las quejas han sido dirigidas a la sede central de Migraciones en Lima, 5% a la sede de Trujillo y 4% contra el Puesto de Control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo que evidencia la centralización de la atención de los trámites migratorios. Si bien un alto número de migrantes reside en Lima, aquellos que se encuentran en las regiones deben sufragar su traslado para realizar diversos trámites, como la reducción o exoneración de multas.
También se advierte que se impone igual sanción para las personas que han incurrido en faltas administrativas que aquellas que cometieron un ilícito penal, siendo el abandono del país la única sanción. A esta situación se suma que, si bien se contempla la posibilidad de impugnar la medida, esta se concede cuando la persona ya se encuentra fuera del país. Lo grave, es que a las expulsiones y cancelación de permanencia o residencia, se les adiciona la «prohición de ingreso al país» de manera indeterminada.
Con relación al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de Migraciones, existen varias quejas, entre otras, por contravenir el Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, exigiendo requisitos que la entidad ya posee, que resultan innecesarios o que no tienen sustento legal. Así por ejemplo, para la prórroga de residencia, todos los años se solicita la partida de nacimiento que demuestre el vínculo, como si esta condición cambiara constantemente.
En ese contexto, se ha recomendado a la Superintendente Nacional de Migraciones, adecuar los procedimientos, directivas y criterios de actuación a lo señalado en las normas internacionales y nacionales vigentes; corregir las deficiencias en los registros de control, impulsando la plataforma de interoperabilidad, así como definir la política migratoria interna con el Consejo Directivo, asegurando, que dicha instancia se instale a la brevedad posible.
Al Congreso de la República, se recomienda aprobar una nueva Ley de Extranjería, que subsane las deficiencias del actual marco normativo y la visa humanitaria para que se otorgue una calidad migratoria a los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como las víctimas de trata, tráfico ilícito de migrantes, desplazados por crisis humanitaria, entre otros.
Teniendo en cuenta que se han conocido casos de incumplimiento de resoluciones judiciales en procesos constitucionales, se ha exhortado al Ministerio del Interior y a la Superintendencia Nacional de Migraciones, que se cumpla con la ejecución de dichos fallos.
En la ceremonia participó el señor José Iván Dávalos, Jefe de la Misión de la Organización Internacional de las Migraciones para el Perú –OIM y la congresista Marisol Pérez Tello,
Vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, ambos coincidieron en la necesidad de impulsar cambios en la política migratoria.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Perú