En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, advirtió que, pese a los avances en la materia, aún se requiere fortalecer la atención efectiva, los mecanismos de sanción a los agresores, así como la asignación de recursos económicos en todos los niveles de gobierno para reducir la violencia hacia la mujer.
Durante la presentación del Balance de la labor del Estado frente a las mujeres víctimas de violencia en el país, realizado el día de hoy, el funcionario advirtió que -pese a los esfuerzos desplegados por el Estado- la violencia sigue siendo un grave problema en el país, que afecta derechos como la salud, la integridad, la libertad, la seguridad y el derecho a vivir una vida libre
de violencia de las mujeres.
Vega Luna señaló con preocupación que las mujeres víctimas de violencia que acuden a denunciar la agresión y al ser atendidas por el sistema de salud, no siempre encuentran una atención oportuna y respetuosa de sus derechos.
A modo de ejemplo, el funcionario informó que, en ocasiones, a las mujeres que se atreven a denunciar estos hechos no son atendidas por no presentar huellas visibles de agresión. Asimismo, en algunas oportunidades, se les ha solicitado que ellas mismas entreguen la notificación policial a su agresor. Peor aún, se ha detectado que no se suelen dictar medidas de protección.
Asimismo, en el caso de las víctimas de violencia sexual, se ha detectado que no se cumple con realizar los exámenes médicos correspondientes, ni las pruebas de detección de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.
«Es preocupante que ni el sistema de justicia, ni el de salud lleguen a responder con suficiente eficacia a las exigencias de prevención, investigación, justicia y reparación. Es necesario que, desde el Estado, se brinde una adecuada atención a las mujeres víctimas de violencia de género, que tenga por finalidad restablecer tanto su salud física como mental», manifestó el representante de la Defensoría del Pueblo, en declaraciones a la prensa nacional.En el ámbito de la atención a las víctimas, el Defensor del Pueblo recordó que, en la actualidad, no existen suficientes casas refugio que puedan albergarlas.
Recalcó que es necesario que se refuerce la estrategia de los Centros Emergencia Mujer, con la finalidad de atender cabalmente la sobredemanda de atención especializada y multisectorial.
A su turno, la Adjunta para los Derechos de la Mujer, Carolina Garcés, señaló que es necesario que en los presupuestos institucionales de todos los niveles de gobierno se prioricen los recursos suficientes para la prevención y atención de las mujeres víctimas de violencia.
Como ejemplo, refirió que de los 8 ministerios responsables del cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, sólo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) destinó -entre los años 2010 al 2012- al menos el 20% de sus recursos con ese objetivo; mientras que los otros sectores responsables de implementar dicho plan, no llegaron a superar el 3% de su presupuesto total.
La funcionaria afirmó que, sólo si las políticas establecidas en normas como el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015 y el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 son efectivamente implementadas, a partir de la asignación y ejecución de presupuestos, se logrará avanzar en la eliminación de las barreras que aún encuentran las mujeres para denunciar, recibir atención y protección adecuada por parte del Estado.
Al término de su intervención, Garcés sostuvo que para registrar avances significativos en la lucha contra la violencia de género, debe desterrarse la tolerancia social frente a este tipo de violencia, que se manifiesta inclusive en la actuación de muchos de los propios operadores de justicia: policía, jueces, juezas y fiscales. Para ello, se deben establecer mecanismos efectivos de control y sanción de toda forma de violencia, subrayó.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú