Hoy, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Defensoría del Pueblo recordó la necesidad de crear una base de datos única sobre violencia de género a nivel nacional y multisectorial, así como la prohibición expresa de la conciliación en los procesos judiciales sobre violencia familiar son algunas de las tareas pendientes por parte del Estado en favor de las mujeres víctimas de violencia.
La Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Carolina Garcés Peralta, sostuvo que –conjuntamente a estas medidas- se debe asegurar la sensibilización de todas las funcionarias y funcionarios públicos; quienes son los encargados de cumplir eficazmente con las normas vigentes de protección a las mujeres, libres de estereotipos y prejuicios; los mismos que, en los hechos, vienen impidiendo su efectiva aplicación. Ejemplo de ello es que no se dictan medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia, a pesar de que se encuentran contempladas en el artículo 248 del Nuevo Código Procesal Penal y de la existencia del Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.
En razón de ello, la funcionaria reiteró el compromiso institucional de la Defensoría del Pueblo de continuar trabajando por una sociedad donde las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos en un ambiente libre de discriminación y de violencia.
En otro momento, mencionó que -de acuerdo a las últimas estadísticas oficiales de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2011-, a nivel nacional, el 65,6% de las mujeres sufrió alguna forma de control por parte de sus parejas, un 22,6% experimentó situaciones de violencia verbal o humillantes en presencia de terceras personas, mientras que un 38,9% fue víctima de violencia física o psicológica.
Dijo que, en todos estos casos, los agresores fueron parejas o ex parejas de las víctimas. Sin embargo, señaló que aún más graves son las cifras que maneja el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MINP) que dan cuenta de la muerte de 63 mujeres -entre enero y septiembre de este año-, así como 76 tentativas de feminicidio.
Dijo que ello revela que pese a los avances logrados en el perfeccionamiento de las normas jurídicas que buscan proteger a las mujeres y sancionar a los responsables de los actos de violencia de género; aún queda mucho trabajo por hacer, tal como lo demuestran las estadísticas y los casos que se conocen a través de los medios de comunicación.
Por ello recordó que, desde su creación, la Defensoría del Pueblo ha incidido especialmente en la problemática de la violencia contra las mujeres en nuestro país a través de diversas supervisiones. Asimismo, la institución ha identificado los obstáculos que enfrentan las víctimas de violencia por la actuación de los diversos operadores del sistema de justicia (Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial) y del sistema de salud; y ha realizado recomendaciones para contribuir a reforzar la respuesta del Estado frente a esta problemática.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Perú