Lo hizo por medio de un oficio al Congreso de la República en el que recuerda que el fomento de las inversiones «no debe implicar, en ningún caso, la desprotección de derechos ni el debilitamiento de la institucionalidad ambiental del país».
El Defensor critica que, aún a pesar de que la nueva reforma conlleva avances, el Organismo estaría limitado durante tres años en sus labores fiscales y que, pasado ese periodo tampoco podría aplicar sanciones superiores ak 35% del importe actual.
Puede consultar el oficio íntegro presentado por la Defensoría en el enlace que se muestra a continuación.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú