Al término de una visita inopinada a diversas instituciones públicas, Abel Chiroque Becerra, Jefe de la Oficina Defensorial de Tumbes, verificó que, en la mayoría de ellas, existe la prohibición del ingreso de personas que vistan bermudas, short, minifaldas, polos manga cero, sandalias, entre otros.
El funcionario informó que el jueves 31 de enero, dos jóvenes de iniciales A.S.Ch. y J.D.C. fueron impedidos, por los miembros de seguridad, de ingresar a la Corte Superior de Justicia de Tumbes por vestir pantalones cortos. Cabe señalar que dicha prohibición constaba en un letrero ubicado al ingreso del referido local. Tras la intervención de la Oficina Defensorial de Tumbes, se logró superar esta situación.
Posteriormente, la Oficina Defensorial de Tumbes inició una intervención de oficio a otras entidades de este departamento, en las cuales se observó la publicación de disposiciones similares. Chiroque informó que se verificó esta situación en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Tumbes, la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Tumbes, en la sede del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes y en el Ministerio Público.
Ante estas circunstancias, el funcionario aclaró que impedir el ingreso de personas por su vestimenta carece de justificación y transgrede la Constitución.
«La restricción para el acceso a las sedes judiciales por la vestimenta genera dificultades y problemas a las personas que requieren efectuar algún trámite o averiguar el estado de sus procesos. Ninguna entidad o dependencia pública puede impedir el acceso a las personas, sino por razones absolutamente justificadas, como razones de salubridad o seguridad debidamente reguladas. La vestimenta no es una de estas razones, por lo que ninguna entidad o dependencia pública puede impedir el acceso a las personas por su forma de vestir», acotó el funcionario.
Chiroque informó que ante la intervención defensorial, la Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores dispuso que en las oficinas del Ministerio Público se retiren los avisos relacionados con esta prohibición. Asimismo, manifestó que continuará supervisando que las entidades públicas no realicen estas prácticas.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú