Al conmemorarse el Día Internacional de la no violencia contra la Mujer, la Defensoría del Pueblo saludó que, en marco del lanzamiento de la campaña «La violencia nos afecta a todos y a todas.
«Actuemos ahora. Basta de violencia contra la mujer,» el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables anunció la implementación de una estrategia de intervención conjunta y sostenible entre los diferentes sectores y niveles de gobierno, para reducir los índices de violencia contra la mujer que aún persisten en nuestro país.
Para el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, este gesto, en el que participaron los Ministros de los sectores involucrados liderados por el Presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, debe ser tomado como una clara manifestación de la voluntad que existe en el Estado -además del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como ente rector- de pasar de la declaración a la acción, a partir del establecimiento de compromisos asumidos por los diversos sectores en el marco de sus funciones.
Entre las responsabilidades asumidas por Daniel Figallo, Ministro de Justicia y Derechos Humanos se encuentra la pronta incorporación de 100 nuevos abogados/as de oficio especialmente capacitados en la atención y patrocinio de casos relacionados a la violencia contra la mujer. En el mismo sentido, el Ministro del Interior, Walter Albán, anunció la próxima capacitación a todo el personal de la Policía Nacional del Perú en el tratamiento de la problemática de la violencia de género. Por su parte, la Ministra de Salud, Midori de Habich, refirió la aprobación de una Guía Técnica para la evaluación del daño psíquico en las mujeres víctimas de violencia.
Cabe asimismo destacar la iniciativa del Ministro de Educación, Jaime Saavedra, de apoyar a los gobiernos regionales a fin de fortalecer el trabajo en educación y reconocimiento de los derechos de los niños y niñas desde los 3 años de edad, es decir, desde la educación básica inicial.
Finalmente la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, anunció la implementación de un Observatorio de Criminalística sobre Violencia de Género de carácter multisectorial, el cual permitirá contar con una base de datos unificada e integrada.
La Adjunta para los Derechos de la Mujer (e), Carolina Garcés, destacó que los compromisos planteados por los diversos sectores para erradicar la violencia de género adquieren especial relevancia al resultar acordes con los planteamientos y recomendaciones establecidos en los diversos informes defensoriales elaborados en la lucha contra la violencia hacia la mujer, una de las formas más odiosas, sistemáticas y frecuentes de violación a los derechos humanos; en especial en el Informe de Adjuntía N° 003-2013 –DP/ADM, «Balance sobre el cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015», publicado en mayo del presente año.
Cabe recordar que, en este informe, la Defensoría del Pueblo recomendó, entre otros puntos, la creación de una base de datos única y nacional sobre violencia de género que contenga la información de los diversos sectores y entidades vinculados al tema; la capacitación y sensibilización de los funcionarios y funcionarias encargados de atender los casos de violencia contra la mujer y el fortalecimiento de la labor vinculada a incorporar la perspectiva de género en todos los niveles de educación, especialmente en los niveles de educación inicial y primaria Sólo a partir del diseño e implementación de estrategias sostenibles y coordinadas en materia de prevención, investigación, sanción, reparación y erradicación de la violencia contra la mujer, desde un enfoque integral y multisectorial e intergubernamental, se podrán erradicar los estereotipos que aún se encuentran social y culturalmente arraigados en nuestra sociedad y a partir de los cuales se considera que la mujer se encuentra sometida al poder del hombre», sostuvo el Defensor del Pueblo.
Finalmente, Vega reiteró el compromiso de la Defensoría del Pueblo de continuar contribuyendo, en el marco de sus funciones, en la efectiva implementación de políticas públicas que promuevan una vida digna y sin violencia.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Perú