Grupo de Trabajo visitó el Perú para examinar tareas pendientes por parte del Estado en materia de búsqueda de desaparecidos, reparaciones y justicia.
El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, respaldó las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas presentadas al concluir su visita al Perú, referidas a la atención de las familias de personas desaparecidas, y reiteró la necesidad de que sean atendidas con prontitud.
«Suscribimos plenamente las recomendaciones y tareas pendientes señaladas por el Grupo de Trabajo, las cuales están relacionadas con los problemas que hemos advertido en diversos informes y comunicaciones, y que tienen que ver, principalmente, con algunas deficiencias en la implementación de las reparaciones económicas y la ausencia de una política de búsqueda de personas desaparecidas», indicó Vega.
Durante la reunión sostenida con representantes de diversas instituciones del Estado, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas señaló su preocupación por el cierre del Registro de Beneficiarios de Reparaciones Económicas a cargo del Consejo de Reparaciones, que impide la entrega de reparaciones a más de 2,100 personas, así como la falta de entrega de indemnizaciones a más de 6,500 personas que registran más de una afectación.
«Los miembros del Grupo de Trabajo han percibido una sensación de discriminación y revictimización en los beneficiarios del Plan Integral de Reparaciones con quienes han sostenido entrevistas, lo cual no hace sino reflejar la necesidad de un mayor compromiso para resolver estos temas», puntualizó Vega.
Por otro lado, el funcionario expresó la necesidad de que el Consejo de Ministros envíe la propuesta legislativa para regular la búsqueda de personas desaparecidas al Congreso de la República, para su debate y aprobación.
Asimismo, expresó su confianza para que las autoridades den prioridad a las recomendaciones del Grupo de Trabajo en materia de acceso a la justicia para las familias de las víctimas, la elaboración de una mapa oficial de sitios de entierro, la promoción, preservación y construcción de lugares de memoria —como el Santuario de La Hoyada en Ayacucho—, la atención en salud mental, entre otros.
FUENTE: La Defensoría del Pueblo de la República de Perú