La Defensoría del Pueblo expresó ayer su preocupación por que persistan casos en los que se involucran a personas inocentes en investigaciones y procesos penales, debido a las deficiencias en los procedimientos de identificación, pues con ello se pone en grave riesgo la libertad y la tranquilidad de personas que no tienen ninguna vinculación con un hecho delictivo y que sin embargo son detenidas y encarceladas sin que luego tengan opción a una indemnización.
En ese sentido, se debe tomar en cuenta que está vigente la Circular para la Debida Diligencia en la Expedición de las órdenes de captura y mandatos de detención del Poder Judicial, aprobada por Resolución Administrativa N° 329-2014-P-PJ. Dicho dispositivo exhorta a los magistrados del Poder Judicial que en su calidad de garantes de los derechos fundamentales de las personas cumplan con verificar la concurrencia de los requisitos para identificar e individualizar debidamente a la persona denunciada antes de proceder a emitir las órdenes de captura (requisitorias) y mandatos de detención.
Así lo manifestó el jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, César Cárdenas, tras culminar las gestiones que permitieron recuperar la libertad de Liliana León Rivera, una mujer que ha sido acusada injustamente de haber participado en un hecho de lesiones graves que se produjo el 20 de noviembre del 2005 en la ciudad de Lima.
La afectada, que reside en Huánuco, permaneció detenida en la carceleta de la Policía Nacional del Perú (PNP) con sede en Huánuco, luego en las instalaciones del Poder Judicial en Lima y finalmente en el Penal de Chorrillos I (ex Santa Mónica) durante una semana.
La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de este caso, revisó el expediente penal N° 1703-2006 a cargo del Tercer Juzgado Penal de Lima, corroborándose que las características personales brindadas por la víctima del hecho no coincidían plenamente con los de Liliana León Rivera (contextura, cicatrices en los brazos, pelo, entre otros), y además se señalaba que la verdadera responsable residía en El Agustino.
Adicionalmente, se difundió la versión de los familiares de la víctima donde señalaban que la víctima no era la persona que participó en los hechos del 20 de noviembre de 2005.
En atención a ello, el Poder Judicial dispuso la variación de la detención de Liliana León Rivera y se espera que con la información adicional que la Defensoría del Pueblo alcanzará en los días siguientes, se pueda definir su exclusión definitiva del proceso penal, así como la anulación de todos los antecedentes que se hayan generado por este caso.
Preocupa a la Defensoría del Pueblo que, hasta la fecha, no se asignan los recursos para el funcionamiento del fondo para indemnizaciones por errores judiciales y detenciones arbitrarias, creado por Ley N° 24973. Ello permitiría atender los gastos que representa contratar los servicios de un abogado, de transporte y de supervivencia a una familia afectada por un caso de esta naturaleza.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Perú