La Defensoría del Pueblo dio a conocer hoy el Reporte Mensual de Conflictos Sociales N° 114, correspondiente al mes de agosto de 2013, el cual da cuenta de un total de 223 conflictos sociales, 178 conflictos en calidad de activos (80%) y 45 en estado latente (20%). Es preciso señalar que durante este mes Áncash (30), Apurímac (21) y Puno (16), son los departamentos con la mayor cantidad de conflictos sociales.
El Reporte indica que los conflictos socioambientales siguen siendo los más numerosos con 147 casos (65,9%), que comparado con el mes anterior (148) registra una pequeña disminución. En esta categoría, la minería continúa siendo la actividad más vinculada a la conflictividad con el 71,4% (105 casos), le siguen los conflictos por actividades hidrocarburíferas con 12,9% (19 casos).
El documento también informa sobre siete conflictos sociales nuevos. El primero está ubicado en el distrito de Marcabal (La Libertad), donde representantes de la comunidad campesina de Marcabalito sostienen que la empresa S.M.R.L. La Chira estaría realizando actividades de explotación minera sin autorización.
El segundo conflicto se ubica en el distrito de Pallanchacra (Pasco), donde la comunidad campesina de dicho distrito reclama que la empresa Explotadora de Vinchos Ltda. S.A.C., estaría ocupando el área de terrenos comunales del anexo de Vinchos sin contar con su autorización. El tercer caso se registra en Ica, en donde los mineros informales de Nazca, adscritos a la FENAMARPE, demandan la ampliación del plazo de formalización minera y la aplicación del Decreto Supremo N° 013-2011-EM, que contempla el proceso de formalización hasta el año 2016, entre otras modificaciones de la ley que regula la formalización.
El cuarto conflicto se desarrolla en el distrito de Santa Teresa (Cusco), en el que el Frente de Defensa, autoridades y pobladores se oponen a la construcción de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa II, debido a que señalan que dicha construcción afectaría el caudal del río Vilcanota y también al medio ambiente, a la salud de la población y a la actividad turística. Ello, debido que el proyecto se encontraría ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Machupicchu.
Además, se registra un conflicto laboral que involucra a los Trabajadores de Shougang Hierro Perú en el distrito de Marcona (Ica), que reclaman el incremento de sus remuneraciones como parte de la atención de su pliego de reclamos. Otro conflicto que se ha registrado es el ocurrido en el distrito de Pucalá (Lambayeque) en el que pobladores de esta jurisdicción y trabajadores-accionistas de la empresa se oponen a la instalación de la nueva administración judicial de la empresa Agropucalá S.A.A. Durante el enfrentamiento entre trabajadores y personas contratadas (no vinculadas a la empresa), se constató la muerte de un ciudadano por impacto de proyectil de arma de fuego.
Por último, en las provincias de Ambo, Dos de Mayo, Yaruvilca, Huánuco y Leoncio Prado (Huánuco) se registra un conflicto en el que pobladores y transportistas de servicio público reclaman al Ministerio de Trasportes el mejoramiento del estado de la carretera Central y de la carretera Huánuco – La Unión.
El Reporte N°114 da cuenta de tres conflictos resueltos; dos socioambientales y uno laboral. El primero se sitúa en el distrito de Chalhuahuacho (Apurímac) donde la comunidad campesina de Tambulla reclamaba que no se había brindado información sobre la transferencia de la concesión que hiciera la empresa minera Antares Perú S.A.C. a la empresa First Quantum. Adicionalmente, la comunidad demandaba mayores beneficios por ubicarse en la zona de influencia minera.
El segundo conflicto resuelto también se ubicó en la región Apurímac, donde pobladores de la comunidad campesina de Huancuire, distrito de Coyllurqui, señalaban una potencial afectación al ambiente y reclamaban el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa minera Xstrata Las Bambas. Cabe destacar que, a la fecha, la empresa ha realizado obras de saneamiento básico, pasantías y se ha comprometido a dejar trabajar a los comuneros en la zona de la concesión por un periodo de tres años.
El tercer conflicto resuelto este mes, es el de los representantes de la Federación Médica del Perú (FMP), quienes –el 14 de agosto- suscribieron un acuerdo con el Ministerio de Salud (MINSA) que garantizaba el cumplimiento de los compromisos suscritos un año antes.
Con relación a las competencias para la atención de los conflictos por parte de las entidades estatales, la obligación principal recae en el Gobierno Nacional en 140 casos (62,8%); en los Gobiernos Regionales en 52 (23,3%) y en los Gobiernos Locales en 19 (8,5%).
Cabe destacar que, durante el mes de agosto de los 89 casos activos (50% de los 178) continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo. En 53 de estos casos, la modalidad de atención es a través de mesas de diálogo. La Defensoría del Pueblo participa en 42 de dichos espacios ya sea conduciendo, facilitando, interponiendo sus buenos oficios o como observador.
La Defensoría del Pueblo pone en conocimiento de la opinión pública que la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) y el Sindicato Unificado de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) han convocado a medidas de protesta, a nivel nacional, para este 26 de setiembre en oposición a la implementación de la Ley Servir. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exhorta a los gremios sindicales, al Ministerio Público y a la Policía Nacional a salvaguardar los derechos de la ciudadanía.
Para una visión ampliada y detallada del Reporte Mensual de Conflictos Sociales se invita a los interesados a visitar la siguiente dirección electrónica: www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales.
Fuente: Defensoría del Pueblo de Perú